Desde el Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia (CLAJUD) manifestamos nuestra preocupación por los graves indicios de ausencia de garantías democráticas en la segunda vuelta de elecciones presidenciales en Ecuador, desarrollada el 13 de abril de 2025, tanto durante el proceso previo como el día mismo de la votación. El contexto de militarización del país, alegaciones de vulneración de los derechos humanos, así como acciones tomadas por el gobierno de turno y presión sobre los órganos electorales abren dudas razonables sobre la transparencia y el resultado de los comicios, tal como venimos apuntando desde CLAJUD. Algunos de estos hechos han sido señalados por las diversas las misiones internacionales de observación electoral (MOEs).
Previo a la jornada electoral:
- Judicialización permanente de la oposición política, exacerbada semanas antes de las elecciones.
- Uso indebido de recursos públicos y del aparato estatal con fines proselitistas.
- El Pdte de la República, quien también era candidato, no solicitó la debida licencia en estos comicios, impactando en la equidad de la campaña y debilitó la institucionalidad del Estado.
- La Vicepresidenta Verónica Abad fue impedida de asumir las funciones presidenciales que le correspondían durante la ausencia del presidente a través de la suspensión de sus derechos políticos. Esto contradice el estándar interamericano que sostiene que los derechos políticos de una autoridad elegida democráticamente solo pueden ser suspendidos por un juez competente.
- Situación de preso político torturado en la cárcel sin acceso al debido proceso judicial (caso ex vicepresidente Jorge Glas).
- Prohibición de utilizar celulares (teléfono móvil) en el recinto electoral durante la segunda vuelta electoral, que preveía multas desproporcionadas de hasta USD 32.900. Según MOEs: “la falta de claridad sobre las razones para justificar esta medida incrementó la incertidumbre y desconfianza en la recta final del proceso”.
- Declaración de Estado de Excepción en Quito y varias provincias un día antes de las elecciones, justificado como medida contra el crimen organizado (el Estado de Excepción recorta al mínimo las garantías democráticas de lxs ciudadanxs, en particular, en contextos de protesta social).
- El gobierno por decreto cerró las fronteras con países limítrofes y se impidió la llegada de veedores internacionales registrados en la Comisión Nacional Electoral.
- En algunas provincias y ciudades se modificaron de un día para otro los lugares de votación
- En algunas provincias como Manabí, el gobierno declaró que “no era necesario ir a votar” (aunque el voto es obligatorio), debido a los avatares climáticos. Justo en esa provincia hay una mayoría adepta al partido opositor.
El día de las elecciones:
- MOEs advierten sobre la tinta utilizada para marcar las papeletas, que puede haber alterado sustancialmente cada voto: “la tinta utilizada para marcar las papeletas se transfirió entre las opciones políticas al doblarlas, debido a la simetría del diseño. Esta situación generó confusión en la interpretación del voto y, en algunos casos, derivó en su anulación”.
- La Alianza Revolución Ciudadana, contendiente en las elecciones, presentó denuncia sobre inconsistencias en 784 actas electorales, por no tener la firma del presidente y secretario de las juntas receptoras del voto. La denuncia fue desestimada por el CNE el 24 de abril.
- Militarización del proceso electoral. Fuerte presencia de fuerzas de seguridad apostadas en cada recinto electoral y en las calles, con el mandato de “evitar/contener disturbios” (represión de potencial protesta social).
- En varias provincias los delegados de las organizaciones políticas no pudieron ingresar a los recintos hasta las 7:00 horas.
- El diseño de las urnas no se ajustaba a los estándares: sistema de cierre seguro y ajustado que evite aberturas considerables, garantizando así la integridad de las papeletas y reduciendo posibles especulaciones sobre su manipulación.
- El resultado de los comicios, dando 11 puntos de diferencia a favor del presidente Noboa, fue muy diferente a lo advertido por once encuestadoras, que anunciaban empate técnico.
Por estas razones, desde CLAJUD tenemos serias dudas sobre la legitimidad de las pasadas elecciones y del mandato que resulta de ellas.
Hacemos un llamado urgente a las instancias multilaterales, a todos los Jefes y Jefas de Estado y Gobierno de América Latina y el Caribe, al Sistema Interamericano y al Sistema de Naciones Unidas a pronunciarse y solicitar un análisis pormenorizado, independiente e imparcial de los cuestionados resultados de los comicios: abrir las urnas correspondientes y revisar una cantidad de votos representativa que despeje la duda sobre el posible uso deliberado de una tinta especial para manipular o vulnerar las papeletas.
Estas medidas contribuirían a la tranquilidad del país, y pondrían un límite a actos y decisiones que agudizan contextos antidemocráticos. En caso de no ser revertidos, legitimarán actos y condiciones similares en otros países de la región y en próximas elecciones en Ecuador.
FIRMAN
Ernesto Samper Pizano (Colombia)
Marco Enríquez-Ominami (Chile)
Baltasar Garzón (España)
Carol Proner (España)
Gisele Ricobom (Brasil)
Silvina Romano (Argentina)
Lina Mejía (Colombia)
Juárez Tavares (Brasil)
Enrique Santiago (España)
Eli Gómez Alcorta (Argentina)
Gerardo Pisarello (España)
Charlotth Back (Brasil)
Larissa Ramina (Brasil)
Virgilio Hernández (Ecuador)
Carola Iñíguez Zambrano (Ecuador)
Emilio Camacho (Paraguay)