Santa Marta (Colombia), 12 nov (EFE).- El Grupo de Puebla, que agrupa a la izquierda iberoamericana, recogió las «justas reivindicaciones de las mujeres y de las disidencias sexogenéricas» y se definió como feminista en la declaración de su VIII Encuentro que concluyó este viernes en la ciudad colombiana de Santa Marta.
El documento final de la reunión, que congregó a más de cien líderes de ambos lados del Atlántico, «hace expresa su voluntad de contribuir a la lucha por la erradicación de todas las formas de discriminación y violencia de género».
«Se declara, por tanto, partícipe de su lucha por la igualdad de oportunidades y derechos, desde una perspectiva popular e interseccional. No hay progresismo ni democracias sanas sin la participación activa de las mujeres y la comunidad LGBTIQ+ en los espacios de poder político y de toma de decisiones», señala la declaración final.
El documento, aprobado en sesiones a puerta cerrada, fue presentado en una rueda de prensa en la que estuvieron los expresidentes Ernesto Samper, de Colombia, y Leonel Fernández, de República Dominicana, así como los senadores colombianos María José Pizarro, Iván Cepeda y Clara López, que hacen parte del Pacto Histórico, coalición de Gobierno.
INTEGRACIÓN ECONÓMICA
Sobre la propuesta de integración económica debatida en el encuentro, Fernández reiteró que el camino es reactivar la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).
«La continuidad de estos mecanismos de integración económica no puede depender de los cambios de Gobierno porque son espacios indispensables para la concertación regional», dijo Fernández, quien instó a relanzar el proyecto de convergencia que lleve a la articulación de otras iniciativas.
En la declaración final, el Grupo de Puebla también hizo un llamado para poner en práctica los planes de acción frente al cambio climático, especialmente la defensa de la selva amazónica.
Los participantes también instaron a los gobiernos progresistas de América Latina a trabajar por la transición energética de las economías, creando valor a partir de procesos que no giren en torno al extractivismo, propuesta que está en concordancia con el programa del nuevo Gobierno colombiano del presidente Gustavo Petro.
Igualmente se refirieron a los retos de las democracias latinoamericanas, al fenómeno migratorio y al narcotráfico como problema trasnacional que debe ser tratado con un enfoque compartido por los países para descriminalizar a los campesinos que derivan su sustento de los cultivos ilícitos.
«Proponemos una alianza latinoamericana para encontrar una solución basada en la desregulación de la prohibición de las drogas y de dar un tratamiento social y sanitario y no exclusivamente penal, a la adicción y el consumo», agrega la declaración.
PAZ Y PROCESOS JUDICIALES
La declaración final expresó además un respaldo a la política de «paz total» de Petro y mostró su beneplácito por la próxima reapertura del diálogo con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Igualmente se refirió a los procesos judiciales que «evocan la lucha contra la corrupción como justificación disfrazada de legalidad para suprimir del juego político los liderazgos progresistas».
En ese sentido puso como ejemplo los casos judiciales de la vicepresidenta argentina Cristina Fernández; el presidente electo de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, el expresidente ecuatoriano Rafael Correa y los dirigentes Marco Enriquez-Ominami, en Chile, y Carlos Caicedo, en Colombia.