Declaración Conjunta sobre la necesidad de responder ante la guerra judicial o “Lawfare”

La guerra jurídica que se ha desatado en años recientes contra dirigentes progresistas de América Latina es una forma inédita y agresiva de reemplazar las armas militares por la manipulación de recursos legales.

Es caso más emblemático de esta ruptura del Estado de Derecho es el proceso seguido al ex presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva. Los jueces e investigadores de su caso, en punible connivencia, como quedó demostrado en la reciente revelación de conversaciones publicadas en el portal “The Intercept”, han violado sistemáticamente las garantías del expresidente a un debido proceso como la presunción de inocencia, el principio del juez natural, el derecho a las instancias, la libre controversia de la prueba y la posibilidad de defenderse en la intimidad.

Asimismo, las condiciones de aislamiento en que se encuentra Lula en este momento no se compadecen con la dignidad y el respeto que se merece una persona que derrotó la pobreza de su país, encaminó la economía por el camino de la competitividad, y puso a Brasil en los escenarios regionales y globales de mayor importancia estratégica.

Tratándose de una seria amenaza contra la democracia regional y el Estado de Derecho los dirigentes asistentes al Primer Encuentro del Grupo Latinoamericano Progresivamente celebrado en la ciudad de Puebla, México, hemos decidido constituir el Comité Latinoamericano por la Defensa de la Justicia y la Democracia integrado por figuras de la región para enfrentar la guerra jurídica que hoy aparece como una de las más serias amenazas a la institucionalidad democrática regional. Dicho comité diseñará acciones concretas para denunciar los casos de persecución jurídica contra exjefes y jefas de Estado y líderes progresistas en Brasil, Ecuador, Argentina, Colombia y otros países latinoamericanos. En los próximos días daremos a conocer los nombres de sus integrantes.