Desde el Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia (CLAJUD) manifestamos nuestro rechazo a las recientes denuncias contra personalidades y militantes del ala progresista en Ecuador, que se inscriben en un largo proceso de lawfare en ese país, considerando entre otros aspectos: la inconsistencia de las acusaciones, la sistematicidad de este tipo de denuncias en clave de persecución judicial, y el timing político.
Las denuncias incluyen a varixs militantes y ex funcionarixs del partido Revolución Ciudadana (asociado al correísmo). Se ha denunciado al excandidato a presidente y Secretario Ejecutivo de Revolución Ciudadana, Andrés Arauz, de fraude procesal por un mensaje retomado de una de sus redes sociales, a partir del cual se interpreta que habría ocultado información a la fiscalía. Se ha denunciado al parlamentario de Parlandino, Virgilio Hernández, de incumplimiento de decisiones judiciales de autoridad competente; además de otros dirigentes y ex vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, a quienes se destituyó acusándoles de vinculación con el correísmo y ahora se les pretende encausar judicialmente.
También, el día de ayer, Leónidas Iza, excandidato presidencial y presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), fue denunciado por presunto delito de instigación. En los últimos días, Iza se había posicionado en contra de la concesión del campo petrolero de Sacha a empresas transnacionales.
El timing político es fundamental: estas denuncias destinadas a poner en duda la credibilidad y criminalizar a este sector de la política se realiza a un mes de la segunda vuelta electoral en Ecuador.
La persecución sistemática por la vía judicial-mediática contra el ala progresista en Ecuador ya ha sido denunciada en numerosas oportunidades ante foros y organismos regionales e internacionales. Desde CLAJUD se reunió material elaborado por voces expertas para dar cuenta de los múltiples y permanentes casos de Lawfare en Ecuador. Ver, “Lawfare en Ecuador: guerra contra la democracia y el derecho”.
Urge que la comunidad internacional tome nota y condene la intromisión del Poder Judicial en los procesos políticos, especialmente, en el contexto de elecciones presidenciales.
ADHIEREN
Ernesto Samper (Colombia)
Marco Enríquez-Ominami (Chile)
Baltasar Garzón (España)
Carol Proner (Brasil)
Gisele Ricobom (Brasil)
Silvina Romano (Argentina)
Lina Mejía (Colombia)
Enrique Santiago (España)
Gerardo Pisarello (España)
Larissa Ramina (Brasil)
Claudio Nash (Chile)
Jaime Quiroga (Bolivia)
Esther Burgos (México)
Juan Martín Mena (Argentina)
Elizabeth Gómez Alcorta (Argentina)
Juárez Tavares (Brasil)
Emilio Camacho (Paraguay)
Claudio Nash (Chile)
Juarez Tavares (Brasil)