Combatir la criminalidad organizada así como cualquiera de sus manifestaciones y, específicamente, el crimen organizado y el narcotráfico, requiere un particular y puntual esfuerzo de los organismos de seguridad y del mismo Estado, y debe cuidarse que bajo ese pretexto, se haga respetando a tabla rada con los Derechos Humanos y no se persigan las luchas sociales.
Con respecto a la función legislativa que corresponde al Congreso chileno, debemos poner de manifiesto, que, de no corregirse el rumbo iniciado, se corre el riesgo de incurrir en los viejos errores de creer que la violencia se supera con más violencia, siquiera sea institucional. Por el contrario, la lucha por la seguridad de las personas siempre debe ir de la mano del respeto de los derechos humanos, de la transparencia y la rendición de cuentas para asegurar su legitimidad. Seguridad y derechos humanos no solo son compatibles, sino que conjugarlos es un imperativo ético, político y jurídico ineludible para los Estados democráticos de derecho.
La exacerbación de las penas en detrimento de su proporcionalidad a los hechos delictivos cometidos, incentiva la criminalidad y, en consecuencia, el uso de la fuerza letal al disminuir los controles democráticos y judiciales respecto de las afectaciones a la vida e integridad de las personas en el contexto de actuaciones policiales, y, en todo caso, no disminuyen la delincuencia y tampoco protegen a los funcionarios policiales. Al contrario, este tipo de leyes dificultan la actuación judicial, no aportan claridad sobre los alcances del legítimo uso de la fuerza, coloca a la Fuerza Pública en una espiral de violencia incontrolable y expone a la población a abusos y discriminaciones que deben ser prevenidas y no fomentadas por parte del Estado.
La potencial aprobación de esta legislación que hoy se discute en Chile traerá gravísimas consecuencias en el contexto de la legítima protesta social, sobre todo después de la experiencia reciente del país en materia de graves violaciones de derechos humanos bajo el gobierno de Sebastián Piñera que aún se encuentran impunes. Como conjunto de juristas progresistas preocupados por el fortalecimiento de la democracia de los pueblos latinoamericanos instamos respetuosamente al legislativo chileno a evitar caer en la trampa del populismo punitivo que la ultraderecha pretende imponer en Chile y en otros países de la región.
Enfrentar la delincuencia en general y la violencia estructural que afecta a los sectores populares y en general, a toda la población, debe hacerse de modo que se garantice la seguridad de la ciudadanía, tanto física como jurídica; y sobre todo propiciando mejores oportunidades económicas, laborales y educativas a la población más pobre, en especial a los jóvenes, que constituye la base social de la que se alimentan los grupos delincuenciales y el crimen organizado transnacional. Esta prioridad es la preocupación principal de las fuerzas progresistas en Latinoamérica.
Abril 2023
Ernesto Samper, ex Presidente de Colombia, abogado, político y economista– COLOMBIA
Baltasar Garzón, jurista – ESPAÑA
Gisele Ribocom, abogada – BRASIL
Emilio Camacho, jurista – PARAGUAY
Virgilio Hernández – ECUADOR
Adoración Guamán Hernández, jurista – ECUADOR/ESPAÑA
Gisele Cittadino, jurista – BRASIL
Harold Correa, abogado y consultor– CHILE
Carol Proner, jurista – BRASIL
Larissa Ramina, abogada – BRASIL
Charlotth Back, jurista – BRASIL
Elizabeth Gómez Alcorta, abogada – ARGENTINA
Claudio Nash, abogado y consultor– CHILE
Marco Enríquez-Ominami, cineasta y político – CHILE
Camilo Lagos, político – CHILE