El diciembre del 2019, CLAJUD manifiestó, junto a autoridades del Ecuador, la profunda preocupación ante las detenciones, encarcelamiento y apertura de procesos contra funcionarios públicos, líderes y militantes de movimientos políticos y sociales no afines al gobierno, que se han sucedido desde el final del paro nacional de octubre.
Sin embargo, mantuvieran se las persecuciones penales a Paola Pabón, Virgilio Hernández y Christian González, presuntos implicados en el Delito de Rebelión Armada, por supuestamente liderar los paros de octubre, aunque cerrada la instrucción fiscal no sea posible demostrar ningún elemento de prueba que los vincule materialmente con la organización del movimiento.
Tras 72 días de encarcelamiento, por una actuación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos los detenidos recuperan su libertad, bajo el cumplimiento de medidas cautelares como el grillete electrónico, presentaciones periódicas y prohibición de salida del país.
La Fiscalía Provincial de Pichincha pide ahora el reingreso a la prisión de Paola Pabón, bajo la excusa de su solicitud de asilo político a la Embajada de México, hecho que ya fue rechazado oficialmente por la propia Misión Diplomática Mexicana.
En ese sentido, reiteramos y rogamos que las autoridades judiciales competentes permitan que Paola Pabón, así como ya concedido a Christian González y Virgilio Hernández, pueda seguir defendiéndose en libertad, ya que no hay violado las reglas de las medidas cautelares.A tal efecto, se recuerda nuevamente a las autoridades ecuatorianas que la libertad es la regla, mientras que la prisión preventiva es la excepción. Asimismo, dichas personas deberán tener las garantías básicas de un juicio justo.
Resaltamos que muchos juristas en latinoamericano consideran el “Caso Rebelión” como paradigmático, por el fuerte contenido político de las detenciones y sobretodo por violar al derecho a la libre manifestación popular, protegido en los tratados de derechos humanos y en la constitución del país.
Estaremos atentos a los juicios políticos que puedan ser llevados a cabo por el sistema judicial en incumplimiento al derecho internacional de los derechos humanos.