El pasado miércoles, durante el séptimo programa on line “Diálogos con Grupo de Puebla”, la organización iberoamericana anunció que observará in situ las elecciones en Bolivia y Ecuador, además del próximo plebiscito constituyente en Chile. Ante eso, la senadora y encargada de llevar este proceso en Bolivia, Adriana Salvatierra, dijo que ”las elecciones en Bolivia parten de un punto fundamental: La excepcionalidad devenida de un golpe de Estado que interrumpió un mandato constitucional democráticamente electo”
Considerando que los próximos comicios electorales fueron reprogramados para el 18 de octubre ¿piensa que se podrían haber realizados el 6 de septiembre?
Los días han pasado y se ha buscado blindar la imposibilidad de realizar los comicios el 6 de septiembre. Ese blindaje es parte de la Guerra Jurídica que se ha impuesto en América Latina como parte de aquello que el Dr. Zaffaroni ha denominado “el Plan Cóndor Judicial”, plan que no acaba en la persecución de líderes políticos para inviabilizar una opción electoral; sino que llega a otros niveles cuando proscribe a partidos políticos o suspende el calendario electoral a través de decisiones judiciales. Esto finalmente se traduce en el cierre de la vía democrática para los pueblos y una profunda violación de los derechos humanos y derechos políticos para toda una nación.
La decisión del TSE es arbitraria, unilateral e ilegal. A diferencia de las anteriores dos modificaciones (3 de mayo a 2 de Agosto y 2 de agosto a 6 de septiembre), en esta ocasión no se entabló un diálogo con los partidos políticos ni la Asamblea Legislativa Plurinacional, vulnerando un precedente importante. Pero también es ilegal por dos motivos:
• Se realiza a través de una Resolución de Sala Plena del TSE, separándose de la literalidad de la Ley que indica explícitamente el 6 de septiembre de 2020 como fecha fijada.
• La modificación unilateral se define a través de un instrumento normativo de menor jerarquía. Una resolución no puede cambiar lo establecido por una ley.
¿Por qué es necesario que se formen organismos observadores para estas elecciones?
Todas las elecciones requieren de una importante fiscalización internacional puesto que es uno de los mecanismos a partir de los cuales se legitima no sólo los resultados electorales, sino también el proceso electoral. Por otro lado, la fiscalización internacional contribuye a constatar el ejercicio efectivo de los derechos políticos.
Sin embargo, las elecciones en Bolivia parten de un punto fundamental: La excepcionalidad devenida de un golpe de estado que interrumpió un mandato constitucional democráticamente electo. Esto implica una profunda erosión de la democracia que se agrava con acontecimientos que vulneraron los derechos humanos en masacres (Senkata y Sacaba) que hasta el día de hoy se mantienen en la impunidad, la vulneración del derecho a la libertad de expresión y manifestación a través de Decretos Supremos que imponen sanciones absurdas, la militarización del espacio público y los reiterados intentos de proscripción de la fuerza política que representa más de 1/3 del electorado nacional.
Entonces, necesitamos que la observación internacional tome apuntes sobre estos elementos que constituyen una restricción al cumplimiento efectivo de los derechos políticos.
¿Podría haber fraude en las próximas elecciones?
Es una pregunta compleja. Esperemos que no. Sin embargo, no somos inocentes y sabemos que la forma violenta con la que asaltaron el poder del Estado, no cederá ante una entrega democrática del poder. Pero creo, así como lo dijo Evo Morales: “Recuperaremos la democracia. No con violencia sino con la conciencia del pueblo.”
Entendiendo la coyuntura del Covid 19 y el confinamiento, donde las formas de hacer campaña tienen también que renovarse ¿cómo regular y fiscalizar el uso de las nuevas plataformas para las campañas? ¿qué se propone?
Gestionar mecanismos de transparencia que en el marco de la regulación electoral alcancen no sólo a los medios de comunicación tradicional, sino también a las redes sociales. De hecho, Facebook lanzó experimentalmente una herramienta de transparencia para la publicidad política electoral en Bolivia. Esta herramienta permitirá conocer en la misma propaganda quién la paga y deberá pasar por un proceso de autorización. Tengo entendido que esta práctica también estuvo presente en las elecciones de EE.UU el 2018 y en más de 30 países.
Creo que esto debe ajustarse en el Estado y obedece a la necesidad de establecer una relación formal entre el Estado y estas plataformas tecnológicas.