El plan de magnicidio contra el Presidente Luiz Inácio Lula da Silva no es un hecho aislado, se inscribe en una estrategia de persecución política y lawfare que comenzó con el golpe de Estado contra la expresidenta Dilma Rousseff y continuó con el caso Lava Jato, que buscó inhabilitar políticamente al presidente Lula mediante un proceso judicial y mediático manipulado.
La investigación del plan revela un intento de asesinato contra Lula y su vicepresidente Geraldo Alckmin, que vincula a militares y aliados cercanos a Jair Bolsonaro. La gravedad de estos actos evidencia un patrón antidemocrático sin precedentes en Brasil.
Desde el Grupo de Puebla y el Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia (CLAJUD) condenamos con firmeza esta iniciativa neofascista de exterminio político que antes utilizó herramientas judiciales y ahora recurre al terrorismo para eliminar físicamente a líderes progresistas, y atentar directamente contra la propia estabilidad democrática del país.
Exigimos investigaciones exhaustivas, el enjuiciamiento de los responsables y el fin de la impunidad que ampara a quienes impulsaron este plan. Así mismo, reiteramos nuestro respaldo a Lula, y llamamos a la comunidad internacional a rechazar estas acciones que comprometen la paz y la justicia en la región.