El Grupo Progresivamente de Puebla, instancia que agrupa a líderes políticos, hombres y mujeres progresistas de una serie de países latinoamericanos, manifestamos nuestra profunda indignación y rechazo ante un nuevo caso de judicialización de la política en Brasil. La reciente condena a Fernando Haddad por supuesto financiamiento ilegal de la campaña municipal de 2012 en la que resultó electo alcalde de Sao Paulo, sitúa una vez más a este país como el máximo exponente del lawfare en el continente.
La seguidilla de persecuciones llevadas a cabo a lo largo de los últimos años contra los dirigentes, líderes y candidatos del Partido de los Trabajadores siguen una idéntica línea argumental que no busca más que eliminar a través de la justicia a líderes y lideresas que amenazan el poder de uno de los más nefastos presidentes que conozca la historia de Brasil.
La justicia brasileña ha dado durante los últimos años sobradas muestras de parcialidad y persecución sobre determinados sectores políticos. El caso del actual ministro de Justicia y exjuez Sergio Moro –cuyas conversaciones reveladas dieron la vuelta al mundo– es probablemente uno de los ejemplos más claros del ánimo que mueve a determinados jueces y fiscales brasileños, y del que en este momento es víctima Fernando Haddad, otrora rival de Jair Bolsonaro en las más recientes elecciones presidenciales.
Este tipo de guerra jurídica o lawfare, ampliamente analizado y debatido durante el foro llevado a cabo en Puebla, ha elaborado múltiples formas del uso indebido de herramientas jurídicas orientadas a la persecución política y a la utilización de la ley como un arma para destruir al adversario por la vía judicial. Para ser exitosa, la estrategia, que tiene por finalidad desacreditar y sacar del juego político al adversario, requiere de la articulación con los medios de comunicación y las redes sociales, donde se difunden contenidos desfavorables o favorables, según el caso, a determinadas personalidades, grupos o sectores políticos.
Es a través de estás herramientas que se elabora una matriz de opinión que favorece a unos y perjudica a otros, todo ello basado en hechos e informaciones de contenido jurídico, enmarcadas en la lucha contra la corrupción que ha adquirido necesaria relevancia en todos nuestros países. La oportunidad para saber cuándo los hechos y pruebas exhibidas son certeras o no se enfrenta a los tiempos judiciales que son bastante más prolongados que las exigencias de la contienda política. Este hecho hace de la guerra jurídica un arma letal en el debate político.
La guerra jurídica es hoy una de las amenazas más serias a la institucionalidad democrática regional. Para coordinar una estrategia efectiva frente a este fenómeno, el Grupo de Puebla decidió constituir el Comité Latinoamericano por la Defensa de la Justicia y la Democracia integrado por figuras de la región. Dicho comité diseñará acciones concretas para denunciar los casos de persecución jurídica contra exjefes de Estado y líderes progresistas en Brasil, Ecuador, Argentina, Colombia y otros países latinoamericanos y busca convertirse en un referente ético en la defensa de la democracia.
Ante esta nueva embestida del tristemente célebre sistema judicial brasileño, el Grupo de Puebla realiza un llamado a los diversos organismos internacionales y gobierno democráticos a mirar con atención estos últimos sucesos ocurridos en este país y a condenar de manera enérgica los abusos llevados a cabo por el gobierno de Jair Bolsonaro.
Grupo de Puebla, 21 agosto de 2019
