por Baltasar Garzón,
Jurista, presidente de FIBGAR y miembro del CLAJUD
El derecho es, ante todo, un instrumento facilitador de la convivencia humana pacífica, ya que pretende resolver los conflictos acudiendo a reglas, normas y principios previamente definidos, aplicados por un tercero independiente e imparcial, es decir, un juez, que evalúa las pruebas y los argumentos que sustentan una y otra posición en tal conflicto.
De ahí entonces que, cuando el derecho, y particularmente el derecho penal, se utilizan con fines distintos a la paz social, es decir, como un arma arrojadiza para derrotar políticamente a los contrarios, valiéndose para ello de la connivencia de fiscales y jueces que no son ni pretenden ser imparciales, sino que están desde el inicio comprometidos con los intereses de una de las partes en conflicto, se produce la perversión misma del derecho y del más elemental sentido de justicia.
Cuando esto sucede estamos frente al más crudo ejercicio del poder, porque si un fiscal o un juez renuncia a su deber de imparcialidad es ya parte de un bando enfrentado en contra del otro, echando por tierra siglos de evolución jurídica y civilizatoria.
Por desgracia esto está ocurriendo cada vez con más frecuencia, al punto que fue necesario ponerle un nombre. Se trata del Lawfare o guerra jurídica que ha sido definido por Camila Vollenweider como: “…el uso indebido de instrumentos jurídicos para fines de persecución política, destrucción de imagen pública e inhabilitación de un adversario político”, en el que usualmente se combinan “acciones aparentemente legales con una amplia cobertura de prensa para presionar al acusado y su entorno (incluidos familiares cercanos), de forma tal que este sea más vulnerable a las acusaciones sin prueba”.
Aun cuando en muchas ocasiones estas denuncias y querellas basadas en hechos falsos no prosperan, provocan un daño reputacional muy difícil de reparar en la persona imputada maliciosamente. Sin embargo, hay ocasiones en las que estas acusaciones prosperan y el caso termina en condena, ya que las injerencias políticas en el poder judicial generalmente no se dirigen a los tribunales inferiores, sino que se instalan en las altas esferas de la judicatura, como una Corte Suprema o un Tribunal Constitucional. ¿Cómo saber cuándo estamos en presencia de uno de estos casos? Hay que analizar la argumentación. Las resoluciones judiciales más importantes deben ser motivadas, es decir, fundamentadas, y esta es una garantía porque por mucho que el derecho sea interpretable y la prueba evaluable, no se puede justificar lo injustificable, y allí entonces quedará patente la evidencia de este lawfare.
La instrumentación del derecho con fines políticos es una de las estrategias preferidas del fascismo que, aunque cueste, debemos reconocer que ha regresado, y lo ha hecho en todo el mundo. El fascismo usa códigos muy parecidos a los que utiliza la mafia y en general el crimen organizado. Se castiga la deslealtad, la venganza es algo normal y necesario, impera la «omertá» (ley del silencio que proviene de los mafiosos sicilianos) y se plantea la eliminación del contrario como medio para conseguir sus fines. Si la eliminación física es posible, se perpetra, como sucedió en las dictaduras del siglo XX en Europa y en América Latina, incluido el nazismo y el franquismo, pero hoy, que es más difícil garantizar la total impunidad del asesinato o la desaparición forzada, se recurre al desprestigio constante o a su encarcelamiento en base a acusaciones falsas (lawfare) o a su bloqueo mediático como actor político y social. La idea es la misma, neutralizar al oponente y sacarlo del camino, haciendo sinónimas las palabras adversario político y enemigo.
Latinoamérica y Argentina
Por desgracia, este fenómeno está presente en todo el mundo, también en España y, como no, en América Latina donde, como digo en mi último libro Los disfraces del fascismo: “se están normalizando verdaderos procesos penales de autor”. Evo Morales y García Linera en Bolivia; Rafael Correa y Jorge Glas en Ecuador; Lula da Silva y Dilma Rousseff en Brasil; y, nuevamente, en la Argentina la exprimera dama, expresidenta, actual vicepresidenta y posible futura candidata, Cristina Fernández de Kirchner.
Pretenden impedir que Cristina se presente nuevamente de candidata, proscribiéndola del próximo acto electoral, para lo cual los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola (sí amigas y amigos, hay que nombrarlos), no tienen recato alguno ni temen al juicio de la historia, por lo que intentan como pueden defender lo indefendible y mantener una acusación que naufraga estrepitosamente en las aguas de la razón. Es la degradación del sentido de la justicia y del derecho en Argentina, pues se trata de servidores públicos que han mancillado su juramento de independencia e imparcialidad para vergüenza del gremio completo de juristas.
Cristina Fernández fue procesada en más de doce ocasiones, en casi todas ellas con la intervención de los mismos fiscales y jueces, con probados vínculos con el anterior presidente Mauricio Macri. Hay evidencia de operativos de vigilancia e inteligencia contra Cristina Fernández, así como de escuchas ilegales que fueron convenientemente filtradas a los medios. Se trató de una constante persecución judicial y de las agencias de inteligencia hacia ella y a sus hijos desde la toma del poder de Mauricio Macri. En la causa Vialidad, la líder peronista está siendo acusada por supuestas irregularidades que habrían ocurrido hace más de 15 años y que nunca fueron probadas, pero por las que la fiscalía pide ahora 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para el ejercicio de cargos públicos. Se quiere hacer responsable a la actual vicepresidenta de la nación acudiendo prácticamente a un concepto de responsabilidad objetiva, algo terminantemente prohibido por el derecho penal desde la Ilustración.
También se ha vulnerado su derecho a la defensa, al no permitírsele ampliar su declaración frente a hechos nuevos agregados en los alegatos del fiscal. Además, el Juez Gustavo Hornos, integrante de la Sala IV de la Cámara de Casación Penal, visitó al entonces presidente Macri en la Casa Rosada dos días antes de dictar el procesamiento de Cristina Fernández. Asimismo, otros jueces del tribunal que está juzgando a la vicepresidenta y del tribunal de la Casación, frecuentemente visitaban a Macri en su residencia presidencial y en la privada, y jugaban al tenis y al fútbol juntos con el fiscal Luciani. Una verdadera camaradería política que une a jueces y fiscales con el poder político conservador más retrógrado de los últimos años en Argentina.
Aunque se dictara sentencia próximamente, todo indica que la apelación y el recurso de casación no estarán resueltos antes de las próximas elecciones presidenciales, por lo que la injerencia del poder judicial en el próximo proceso electoral es más que evidente al carecer de fundamentos y estar viciada en su origen.
Como bien señala el Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia (CLAJUD) en su declaración pública: “La gravedad de la situación ya había sido alertada en un informe de la relatoría especial sobre independencia judicial de los magistrados y abogados de Naciones Unidas, de 2019.”
Y es que ya vivimos esto en Brasil con el lawfare contra Lula y la presidenta Dilma Rousseff, obligada a dimitir en lo que tuvo toda la apariencia de un golpe de Estado blando, detrás del cual estuvo Jair Bolsonaro, así como en el otro golpe, este no tan blando, perpetrado en Bolivia que propició Jeanine Áñez apoyada por otros líderes y con la inestimable ayuda del secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Las estrategias son las mismas, y en todos los casos se trata de una guerra judicial que alimenta campañas de desinformación y odio político con un claro propósito de favorecer a la ultraderecha, en contra de la voluntad mayoritaria, es decir, que son estrategias antidemocráticas por quienes quieren imponer su voluntad por sobre la de la mayoría.
¿Qué hacer?
Hoy es el turno de Argentina, pero la ultraderecha está actuando coordinadamente en todo el mundo, por lo que los progresistas debemos unirnos para defender la democracia, nuestras libertades, los derechos humanos y el medioambiente. Como dijera en otro de mis libros, La encrucijada: “Es nuestro deber como demócratas, porque ya sabemos adónde lleva este camino por el que nos quieren arrastrar nuevamente los fascistas. Acaba en Auschwitz, en Dachau, en Buchenwald, en Mauthausen-Gusen, acaba en una cámara de gas y en un crematorio, acaba en la ESMA y en los vuelos de la muerte, acaba en Villa Grimaldi y en Colonia Dignidad”.
Frente a todo esto, creo que nuestro deber es señalar y responsabilizar a quienes han abdicado de sus altas funciones y se han doblegado al poder, por interés, conveniencia o afinidad ideológica, a quienes han dejado de ser auténticos servidores públicos, fiscales y jueces independientes e imparciales, y se han convertido en cómplices de un show mediático y judicial con consecuencias nefastas para la democracia.
A los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, y al juez Gustavo Hornos, como a los demás magistrados del grupo a quienes alguien podría tildarles de formar una auténtica “asociación ilícita” para favorecer sus espurios intereses político-económicos comunes, les digo, lo que estáis haciendo no hay como justificarlo por los caminos del derecho. Como dijo Unamuno, venceréis, pero no convenceréis. A los demás jueces que deben decidir, que al parecer y según dice la prensa de uno y otro signo serían también contrarios a Cristina Fernández y leales a Macri, así como a los jueces de los tribunales superiores de justicia que revisarán las sentencias; a todos ellos les digo: el mundo los está mirando, no podéis tapar el sol con un dedo, pensad muy bien si queréis ser recordados y estudiados en las universidades como aquellos jueces que se prestaron para que el poder judicial de vuestro país incida de manera indebida en la política contingente y en un proceso electoral democrático, porque una cosa es segura, la historia no les absolverá. No cometáis la torpeza de convertiros en el Sanedrín argentino.
Fuente: Página 12.