por Daniel Flores,
Centro de Estudios Sociales y Políticos (CESP) del Grupo de Puebla.
Imputado, bloqueado, o convertido en paria o en caricatura. El lawfare se impuso en Latinoamérica y en el mundo. Lo utilizaron contra Rafael Correa, Lula da Silva y Julian Assange, entre otros. En Chile, el caso de persecución política es el de Marco Enríquez-Ominami (MEO) quien acaba de ganar la penúltima de las 13 causas que le levantaron desde que se atrevió a ser el candidato de las transformaciones sociales en Chile. La Fiscal Ximena Chong, luego de siete años de investigaciones, ha decidido no perseverar con las acusaciones de corrupción que imputó al político, y que fueron amplificadas a través de entrevistas y filtraciones, especialmente en épocas de campaña electoral.
Marco Enríquez-Ominami, en 2008, mucho antes de las movilizaciones estudiantiles que pusieron en vilo políticamente al país, primero en 2011 y luego en 2019, levantó un movimiento político que apuntaba a la conquista de derechos de bienestar y justicia social, de manera institucional y democrática, para los y las chilenos. Por ejemplo, durante sus primeras campañas políticas había presentado la primera ley de aborto chilena, una asamblea constituyente, la nacionalización del cobre, políticas de redistribución y justicia fiscal especialmente para gravar a las grandes fortunas, entre otras transformaciones.
En 2014, las encuestas del último trimestre pusieron a MEO en el primer lugar de respaldo popular, muy por encima del expresidente Sebastián Piñera, que había decidido buscar un segundo período presidencial en las elecciones siguientes, que serían en 2017. El año 2015 comenzó el lawfare contra MEO, con una acusación del fiscal Emiliano Arias, quien reconoció a la prensa haber recibido una oferta de parte del círculo del presidente Piñera para ocupar el puesto de «subsecretario de Prevención del Delito». Luego recibió las acusaciones del fiscal Pablo Gómez, quién a la fecha era esposo de quién había sido subsecretaria y luego ministra de justicia, también del presidente Piñera.
Las investigaciones se filtraron de la fiscalía, y la prensa las presentó a cuenta gotas, con reportajes, portadas y noticias que no solo provenían de fuentes interesadas, sino que, además, se presentaban descontextualizadas, y con música y ediciones sensacionalistas. Y pasó lo que tenía que pasar: MEO cayó en las encuestas y Piñera subió hasta convertirse, por segunda vez, en presidente de Chile. Ocurrido esto, el fiscal Gómez fue invitado a sentarse en primera fila en la ceremonia de asunción a ese segundo mandato del presidente Piñera. Además, fue contratado por él como asesor legal para enfrentar y llevar las causas en contra de los manifestantes durante esas protestas de 2019.
En general todas las acusaciones contra MEO se centraron en algo que la retórica periodística llamó «boletas ideológicamente falsas». Con esto se referían a facturas hechas por trabajos no realizados con el ánimo de defraudar al fisco, pero que, desde un comienzo, se demostró que eran trabajos que sí habían sido realizados y que nunca se defraudó al fisco. Sin embargo, hubo una acusación que recibió un trato especial de la prensa, y que fue el caso de un avión que se utilizó en la campaña presidencial de Enríquez-Ominami en 2012.
Pese a que ese avión nunca fue un secreto, y que incluso apareció en la franja televisiva del candidato, la prensa convirtió la «búsqueda del avión» en un hecho “noticioso”. Con reportajes especiales, cámaras ocultas y música de thriller se lo enseñó al mundo para que sonara a delito. Sin embargo, la propia fiscal que levantó el caso, Ximena Chong, que incluso viajó a Brasil para entrevistarse con los fiscales del caso OAS y vincular a Marco con eso, terminó desestimándolo, años después, como algo que en realidad no era delito, con suerte un “error administrativo”, y que no debía ser investigado. Pero la Fiscal Chong siguió adelante, y durante siete años investigó a Marco Enríquez-Ominami, por ilícitos ahora relacionados con sus campañas políticas de 2017. A fines de abril volvió a hacer lo mismo y, sin apersonarse, a distancia, se dio cuenta de que «no habían antecedentes para fundar una formalización ni una acusación», y que, por tanto, el juicio quedaba en nada.
Se persiguió a Marco Enríquez-Ominami por conductas que habían sido comunes a todas las campañas políticas, y que nunca habían sido tipificadas como delitos, y de las que, si hubiere habido delitos, de estos serían responsables, solamente, los administradores de esas campañas, pero no los candidatos. Con conductas comunes me refiero a que los fiscales decidieron selectivamente investigar e imputar a Enríquez-Ominami y no al resto de los candidatos, como quedó demostrado en las conversaciones entre los fiscales persecutores conseguidas por sus abogados.
Varios fueron esos intercambios, pero el más revelador fue cuando el fiscal Arias envía a su colega Segura, una lista de aquellas personas que proponía fueran investigados: «Carmen, para mandar un listado a la BRIDEC por correo, creo que el dinero recaudado mediante la emisión de boletas falsas iba a (y coloca aquella lista de nombres, incluyendo a Enríquez-Ominami)«- Entonces, Segura le responde, sorprendida por las omisiones que Arias hacía en esa lista, que debía incluir al presidente Sebastián Piñera y a su entorno. A lo que Arias respondió: “Yo sacaría a Piñera, o incluiría a Bachelet, Peñailillo, Arenas (ministros de la presidenta Bachelet), etc. Y ese conjunto no me parece prudente mandarlo. ¿Te parece?”. Segura, luego de esa respuesta, aceptó.
Los fiscales habían decidido dejar fuera de la pesquisa a Michelle Bachelet y a Sebastián Piñera, y centrarse, en cambio, en el principal contendor de ambos, Enríquez-Ominami, que se convirtió en el único candidato sometido a investigación y por tanto en el chivo expiatorio del financiamiento irregular a la política en Chile. Los hechos que se han sumado a la causa ya tienen 15 años, los juicios cumplirán prontamente diez. Contra Enríquez-Ominami han investigado e investigan todavía, dos fiscales a jornada completa. Los fiscales en Chile llevan en promedio 1000 casos. Estos dos fiscales solo llevan el de Enríquez-Ominami, ganando entre 5 mil y 6 mil dólares mensuales, con chofer, oficinas y viáticos diarios. En resumen, los fiscales han costado al fisco mucho más que el dinero que el que imaginariamente persiguen.
Es peligroso abrir un ojo a la injusticia, porque siempre terminan pasando estas cosas. Pero es fantástico que haya gente que quiera sobrevivir, como Job, empinándose en la fe de su inocencia y de la voluntad de querer que, aunque sea por una vez, las cosas mejoren para la gente.