Desde el Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia (CLAJUD) del Grupo de Puebla, manifestamos nuestra preocupación sobre hechos recientes en Colombia, orientados a deslegitimar y desestabilizar el gobierno de turno.
El pasado sábado 29 de julio fueron detenidos por la Fiscalía General de la Nación de Colombia Nicolás Petro -hijo del presidente de la República Gustavo Petro- y su ex pareja Daysuris del Carmen Vásquez, a consecuencia de una investigación por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
La investigación comenzó luego de las declaraciones de su ex pareja a la revista Semana, medio auto erigido como líder de la oposición mediática el Gobierno de Gustavo Petro desde su toma de posesión, afirmando que Nicolás Petro, diputado por el departamento del Atlántico, habría recibido dinero para la campaña presidencial de Gustavo Petro, de parte de personas con antecedentes penales.
Desde que se conoció la denuncia, el Presidente Petro ha evitado cualquier presión, injerencia o trato de favor a su hijo, al contrario de lo que ha sido habitual en Colombia cuando se ha investigado a personas con vínculos familiares con altas magistraturas del Estado. El Presidente Petro pidió a la Fiscalía que investigue a su hijo, Nicolás, y a cualquier familiar, en el caso de que la Fiscalía apreciara indicios de haber existido cualquier delito.
Según el criterio unánime de los especialistas en derecho procesal penal colombiano, no era necesario ni urgente, a la vista de las normas que regulan el proceso penal en Colombia, detener al hijo del presidente de la República Gustavo Petro, tal como lo ha hecho la Fiscalía dirigida por la Fiscal General de la Nación Francisco Barbosa.
Incluso la jueza de garantías que intervino tras la captura, advirtió a la Fiscalía que tendría que volver a presentar la carpeta del caso para solicitar una nueva audiencia, ya que no se ha respetado el debido proceso, habiéndose impedido el derecho a la defensa de los detenidos. La jueza también recriminó al representante de la Fiscalía que hubo “información indebida” en su solicitud por lo que se han aplazado las audiencias hasta que se corrijan las irregularidades destacadas.
El CLAJUD entiende que se trata de una actuación sin fundamento jurídico por parte del Fiscal Barbosa, que se sustenta en fines políticos orientados a dificultar la acción del Gobierno en Colombia y a dañar la reputación del presidente Gustavo Petro a nivel internacional.
Ante la situación, desde CLAJUD esperamos que se apliquen debidamente las normas de Justicia en todos los casos, incluido el de Nicolás Petro. Reclamamos el respeto y apoyo a la independencia del poder judicial, pedimos que todas sus instituciones actúen siempre sometidas al mandato de la ley y se abstengan de intervenir en la vida política y respeten pues la separación de poderes absteniéndose de cualquier injerencia política.
Asimismo, convocamos a la comunidad regional e internacional manifestar su apoyo al presidente Gustavo Petro, elegido por las mayorías colombianas, gobierno que, desde su primer día de mandato, se ha comprometido en la implementación de medidas para restituir la democracia y la justicia social en Colombia.
Adoración Guamán Hernández, jurista – ECUADOR/ESPAÑA
Alfredo Beltrán Sierra, abogado – COLOMBIA
Aloizio Mercadante, economista – BRASIL
Baltasar Garzón, jurista – ESPAÑA
Camilo Lagos, economista y presidente Fundación Progresa – CHILE
Carol Proner, jurista – BRASIL
Charlotth Back, jurista – BRASIL
Claudio Nash, abogado y consultor– CHILE
Damian Loreti, abogado – ARGENTINA
Eli Gómez Alcorta, abogada – ARGENTINA
Emilio Camacho, jurista – PARAGUAY
Enrique Santiago, político y abogado – ESPAÑA
Ernesto Samper, ex Presidente, abogado, político y economista– COLOMBIA
Esther Burgos, abogada – MÉXICO
Gerardo Pisarello, político y jurista – ESPAÑA
Gisele Cittadino, jurista – BRASIL
Gisele Ricobom, abogada – BRASIL
Guillaume Long, historiador y politólogo – ECUADOR
Guillermo Puyana, abogado – COLOMBIA
Harold Correa, abogado y consultor– CHILE
Jaime Quiroga Carvajal, abogado – BOLÍVIA
José Eduardo Cardozo, abogado – BRASIL
Juan Martín Mena, abogado – ARGENTINA
Juárez Tavares, abogado – BRASIL
Larissa Ramina, abogada – BRASIL
Lina Mejía Torres, abogada – COLOMBIA
Marco Enríquez-Ominami, cineasta y político – CHILE
María Carola Iñíguez, experta en RRII y DDHH – ECUADOR
María José Fariñas Dulce, jurista y profesora– ESPAÑA
Pedro Serrano, abogado – BRASIL.
Roberto Manuel Carlés, abogado – ARGENTINA
Silvina Romano, historiadora y comunicadora social – ARGENTINA
Virgilio Hernández, abogado y político – ECUADOR