Autoritarismo, represión de la protesta y avasallamiento de las libertades individuales, del derecho a la protesta y de los derechos de pueblos indígenas en Jujuy, Argentina.
En las últimas semanas se viene llevando a cabo una brutal represión contra diversos sectores que se movilizaron pacíficamente contra la reforma de la Constitución de la provincia de Jujuy, que se sancionó a escondidas, limitando derechos de los pueblos indígenas y prohibiendo el derecho a la protesta: docentes, trabajadores de la salud, pueblos originarios y campesinos. Hasta la fecha, el saldo es de más de 170 personas heridas, varias con pérdidas de un ojo por disparos a la cara, una de ellas de gravedad por traumatismo de cráneo, y unas 68 personas detenidas.
Entre quiénes fueron brutalmente detenidos, se encuentran integrantes de la agrupación HIJOS Jujuy. A la par, se realizaron allanamientos sin órdenes judiciales, detenciones en vehículos sin patentes y se impidió que las personas detenidas se comunicaran con sus abogados.
El actual gobernador de la provincia, Gerardo Morales, decidió de forma autoritaria modificar la Constitución provincial. El 22 de mayo se conformó en Jujuy una Convención Constituyente promovida y presidida por él mismo, desconociendo el artículo 100 de la Constitución Provincial vigente (de 1986) que establece que los Constituyentes “no podrán desempeñar ninguna función o empleo público nacional, provincial o municipal mientras ejerzan sus funciones”.
La modificación de la Constitución establece la “expresa prohibición de cortes totales de calles y cortes de ruta”. También prevé una redacción vinculada al derecho a la propiedad privada que abre la posibilidad para el desalojo de pueblos indígenas. Esos territorios tienen reservas de litio, bienes comunes estratégicos. Ante la arbitrariedad de las reformas, las comunidades indígenas se aunaron bajo las consignas “¡No a la Reforma; Arriba las whipalas, Abajo la Reforma; Arriba los Salarios, Abajo la Reforma!”.
En el contexto del gobierno de Gerardo Morales, desde 2015, han sido perseguidos y encarcelados varios líderes sociales sin el debido proceso judicial, como Milagro Sala. De hecho, en el contexto de la represión de la protesta, dos jueces y un fiscal fueron a la casa de Milagro Sala sin orden judicial y le pidieron su celular.
Ante el evidente abuso de la represión policial, algunas voces del frente político del gobernador Morales advierten que las “violentas protestas” serían producto de la “infiltración” del líder indígena y ex presidente de Bolivia, Evo Morales. Esta acusación infundada y que elimina la responsabilidad del gobierno provincial, expone el racismo y clasismo que vienen utilizando de forma sistemática ciertos sectores de derecha, que repudian al avance en derechos económicos, políticos, sociales y culturales logrados por los pueblos originarios.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llamó al gobierno de Jujuy a respetar el derecho a la libertad de expresión, los estándares interamericanos del uso de la fuerza, y a llevar a cabo un proceso de diálogo efectivo, inclusivo e intercultural, en el que se respete los derechos sindicales y de los pueblos originarios. El Representante de la Oficina Regional para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se pronunció en la misma línea y solicitó reunión con el gobernador de Jujuy para hablar del impacto de las reformas de la constitución en los DDHH.
Desde el Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia (CLAJUD) nos sumamos a las voces y organizaciones que rechazan el uso abusivo de la fuerza para reprimir la protesta social y la vía autoritaria mostrada por el gobierno provincial. Reclamamos la presencia o pronunciamiento de la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión.
Reivindicamos la defensa y protección de los derechos irrenunciables de los pueblos originarios y, especialmente, la consulta previa en materia de la explotación de los recursos naturales. Reclamamos también la presencia o pronunciamiento del Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas y la Relatora sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la OEA.
Convocamos asimismo a la comunidad internacional en general, a contribuir dando visibilidad a estos hechos, que constituyen un gravísimo precedente de ataque a las libertades individuales, al derecho a la protesta y a los derechos de los pueblos indígenas.
Firmantes:
Ernesto Samper, ex Presidente – COLOMBIA
Baltazar Garzón, jurista – ESPAÑA
Marco Enríquez-Ominami, cineasta y político – CHILE
Silvina Romano, historiadora y comunicadora social – ARGENTINA
Cecilia Nicolini, Secretaria Cambio Climático – ARGENTINA
Eli Gómez Alcorta, abogada – ARGENTINA
Gerardo Pisarello, político y jurista – ESPAÑA
Gisele Ricobom, abogada – BRASIL
Adoración Guamán Hernández, jurista – ECUADOR/ESPAÑA
Larissa Ramina, abogada – BRASIL
Claudio Nash, abogado y consultor– CHILE
Emilio Camacho, jurista – PARAGUAY
Gisele Cittadino, jurista – BRASIL
Virgilio Hernández, abogado y político – ECUADOR
Damian Loreti, abogado – ARGENTINA
Camilo Lagos, economista y presidente de la Fundación Progresa – CHILE