El Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia (CLAJUD) denunció la abrupta y violenta interrupción del orden constitucional de Bolivia el año 2019, un golpe de Estado realizado con la interferencia de la OEA, bajo la dirección de su Secretario General Luis Almagro, una ruptura fuera de todo orden constitucional, que llevó al Estado Plurinacional a una crisis política, social, económica y de derechos humanos sin precedentes.
Luego de las Elecciones Generales de 2020 se restableció la legalidad y la legitimidad de los poderes públicos, a través de los cuales el Estado tiene la obligación de investigar los hechos y sancionarlos si corresponde, siendo la justicia boliviana la única facultada de hacerlo en el marco de un debido proceso que garantice a los imputados la amplia defensa.
Varios informes demostraron los hechos extremadamente graves de vulneración de los derechos humanos que se sucedieron: (1) el informe preliminar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); (2) el informe “Crisis de Estado Violación de los Derechos Humanos en Bolivia Octubre-Diciembre 2019” de la Defensoría del Pueblo; y en especial (3) el Informe Final “sobre los hechos de violencia y vulneración de los derechos humanos ocurridos entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019” del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) de la OEA, conformada por 5 expertos independientes.
En todos los documentos informativos se evidenciaron las graves vulneraciones de derechos ocurridos a partir de la irregular “autoproclamación” de la señora Jeanine Áñez como presidenta ante un Parlamento prácticamente vacío.
La justicia boliviana inició el juicio oral contra los autores de estos hechos con el objetivo de hacer conocer la verdad sobre los desafortunados acontecimientos del 2019, conforme a la Constitución Política del Estado boliviano y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
Este consejo manifiesta su preocupación ante los pronunciamientos de sectores que cuestionan la supuesta falta de independencia de la justicia, aludiendo que se trataría de una venganza o incluso de un caso de persecución política, dejando en estado de indefensión a las múltiples víctimas.
El CLAJUD insta a la comunidad internacional a apoyar el proceso de memoria, verdad y justicia en Bolivia, bajo los principios de autodeterminación, debido proceso y no interferencia en asuntos internos.
Adoración Guamán Hernández, jurista – ECUADOR/ESPAÑA
Aloizio Mercadante, economista – BRASIL
Baltazar Garzón, jurista – ESPAÑA
Carol Proner, jurista – BRASIL
Damian Loreti, abogado – ARGENTINA
Eli Gomez Alcorta, abogada – ARGENTINA
Emilio Camacho, jurista – PARAGUAY
Enrique Santiago, político y abogado – ESPAÑA
Ernesto Samper, abogado, político y economista– COLÔMBIA
Gisele Cittadino, jurista – BRASIL
Gisele Ricobom, abogada – BRASIL
José Eduardo Cardozo, abogado – BRASIL
Juan Martín Mena, abogado – ARGENTINA
Juárez Tavares, abogado – BRASIL
Marco Enríquez-Ominami, cineasta y político – CHILE
Pedro Serrano, abogado – BRASIL.
Roberto Manuel Carlés, abogado – ARGENTINA
Gerardo Pisarello, político y jurista – ESPAÑA
Alfredo Beltrán Sierra, abogado – COLOMBIA
Charlotth Back, jurista – BRASIL
Guillaume Long, historiador y politólogo – ECUADOR
Harold Correa, abogado y consultor– CHILE
Jaime Quiroga Carvajal, abogado – BOLÍVIA
Larissa Ramina, abogada – BRASIL
María José Fariñas Dulce, jurista y profesora– ESPAÑA
Claudio Nash, abogado y consultor– CHILE
Silvina Romano, historiadora y comunicadora social – ARGENTINA
Esther Burgos, abogada – MÉXICO
Lina Mejía Torres, abogada- COLOMBIA
Virgilio Hernández- ECUADOR
Guillermo Puyana – COLOMBIA
Esther Burgos – MÉXICO