El Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia (CLAJUD), dimensión jurídica del Grupo de Puebla, se reunió telemáticamente con los miembros del Comité Nacional del Paro de Colombia, Omar Romero, Francisco Maltés y Elizabeth Quiñones; entre otras y otros destacados miembros del comité nacional y representantes departamentales, para analizar la protesta social y las violaciones a los derechos humanos en el marco de las manifestaciones que se mantienen por séptima semana consecutiva.
A la jornada, que fue moderada por el excanciller de Ecuador, Guillaume Long, asistió el ex presidente de Colombia y fundador del Grupo de Puebla, Ernesto Samper y la expresidenta de Brasil, y también fundadora del Grupo, Dilma Rousseff, entre otras y otros.
Al comenzar, el presidente Ernesto Samper, comentó que “el paro comenzó como una movilización social pacífica, pero a medida que fue siendo rechazada por la fuerza pública colombiana, que se comenzaron a producir enfrentamientos entre los dos, excesos en el uso de la fuerza, el tema se transformó en un problema fundamental de derechos humanos”.
Luego, Francisco Maltés, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y miembro del Comité del Paro, explicó que “este estallido social tiene mucho que ver con el acuerdo de paz que se firmó entre el Estado colombiano y las FARC. La guerra en colombia invisibilizó los problemas sociales e invisibilizó las necesidades de millones de colombianos. El acuerdo de paz ha permitido que la brújula gire hacia los problemas sociales. Desde 2019 se viene incrementando la pobreza y la miseria, con la pandemia estos indicadores se agravaron, cerca de 3 millones y medio de nuevos pobres, es decir, que ganan menos de tres dólares”.
Por su parte, Omar Romero, director del departamento de derechos humanos de la CUT, comentó que “estábamos orientando al gobierno que en vez de mediar la protesta social, mediara el diálogo, que la fuerza no era la alternativa, que a través del diálogo construir efectivamente las garantías necesarias para la protesta social en ese momento. Hoy el gobierno no tiene el interés de tener un protocolo establecido con normas claras y precisas que están contempladas en la constitución misma. Creemos que el gobierno está violando el derecho a la protesta social porque un decreto no puede modificar una ley estatutaria, el gobierno desconoce a través de este decreto las normas como tal, desconoce el artículo 37 de la constitución y el 21 y 15 de la Covención Americana de Derechos Humanos que señala que solo las leyes pueden limitar el derecho a la protesta, y lo está haciendo vía decreto”
En esa misma línea, Elizabeth Quiñones, miembro del Comité por el Paro, dijo que “Colombia está en una crisis profunda, donde los jóvenes no le creen a nadie, ni a partidos ni instituciones ni organizaciones, y eso se debe a esta crisis completa de lo económico, de lo político y de todo lo existente. Es este orden patriarcal, neoliberal capitalista, que es racista y homofóbico, lo que tenemos que cambiar, ese es el gran reto. Por supuesto eso no lo puede hacer el estallido social, los jóvenes saben que de profundidad algo está muy mal. Entonces desde el Comité Nacional de Paro vamos a profundizar los diálogos intergeneracionales, este diálogo de recuperación de confianza en el que tenemos que decirles que queremos seguir en la protesta pacífica y, por eso, nos toca hacer un enorme esfuerzo para que nos los ataquen”.
Por otro lado, la expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff, dijo que “estamos enfrentando en América Latina, con grados diferentes, una construcción de enemigos internos clásicos. El pueblo es el gran enemigo de algunos de los Estados que están erigidos en la región. Entonces la policía tiene una actitud de despecho hacia las constituciones, el Estado democrático de derecho, el estado social del derecho. Esto es muy grave porque las manifestaciones pacíficas pasan a ser verdaderos campos de guerras civiles”.
“Es importante denunciar y crear en el cociente internacional, un repudio a lo que hoy acontece en Colombia, no es posible tantas muertes. También tenemos que construir iniciativas comunes, porque tenemos que aprender entre nosotros, América Latina tiene mucho que aprender de la experiencia del paro”, continuó.
Por su parte, Giselle Ricombom, representante de CLAJUD, anunció que el Consejo Latinaomericnao de Justicia y Democracia entregará en los próximos días una propuesta de entendimiento del comportamiento de las fuerzas de seguridad del Estado en el contexto del derecho a la protesta social y las manifestaciones públicas.
Finalmente, Francisco Maltés, advirtió que “el paro continúa, hemos hecho un cambio táctico, estamos preparando varios proyectos de ley para presentarle al Congreso de la República. De no solucionarse los problemas en el diálogo entre el congreso y los actores sociales, y teniendo en cuenta que no se han solucionado los graves problemas que motivaron el estallido social, en el segundo semestre de este año, es posible que se acentúen las movilizaciones”.