Tras el levantamiento popular de octubre, diversos líderes políticos de la Revolución Ciudadana han sufrido una permanente persecución político-judicial por parte de las autoridades del gobierno. Esta persecución se combina con una serie de actuaciones jurídico-administrativas irregulares, que evidencian la clara voluntad del gobierno de Moreno de apartar de la contienda electoral al Movimiento de la Revolución Ciudadana, al expresidente Rafael Correa y a la militancia.
La causa contra la Prefecta Paola Pabón y los compañeros Christian González, miembro de la Coordinación Nacional, y Virgilio Hernández, secretario de Movimiento sigue su curso con una nueva amenaza contra sus derechos fundamentales. La fiscalía provincial pretende realizar una nueva audiencia contra los compañeros acusados por delito de rebelión durante el levantamiento de octubre, sin que existan las condiciones adecuadas para la defensa. Debe recordarse que los tres compañeros ya recibieron el respaldo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que instó la finalización de su situación de prisión provisional y alertó contra la criminalización de los opositores políticos protagonizada por el gobierno.
Desde CLAJUD condenamos el uso del Lawfare en América Latina y señalamos al gobierno de Moreno como culpable de una dinámica continuada de ataque a las condiciones básicas de la democracia, como son las libertades políticas y exigimos la finalización de estas actuaciones para garantizar un futuro proceso electoral en condiciones democráticas.