El Grupo de Puebla alerta a la comunidad internacional por la condena judicial en contra del ex presidente Rafael Correa. El Lawfare, mecanismo extensamente usado por grupos políticos e instituciones para anular y perseguir a sus opositores, vuelve a utilizarse, tal y como ya se hizo contra el ex presidente Lula en Brasil, la ex presidenta Cristina Fernández en Argentina, y contra el propio Correa y su movimiento hace unos años en el Ecuador, para restringir su presencia en el país e impedir su participación en las elecciones del 2021.
Sirviéndose de la institucionalidad judicial, sectores políticos reaccionarios arremeten nuevamente en contra del ex presidente Correa, consiguiendo una sentencia de encarcelación por 8 años y quitándole sus derechos políticos por 25 años. Pese a los embates comunicacionales y judiciales en su contra, el ex presidente continúa liderando las encuestas con un gran respaldo popular, que crece cada día entre las y los ecuatorianos.
El Tribunal que sustancia el proceso en contra de Rafael Correa no ha aceptado peritajes internacionales de las pruebas, pero sí peritajes no profesionales y abiertamente parcializados. El proceso estuvo plagado de detenciones ilegales, delatores premiados, y pruebas forjadas y manipuladas.
La noche anterior a la sentencia, se filtró además evidencias de comunicación entre la Fiscalía General del Estado, parte procesal en el juicio, y el juez, reproduciendo la misma colusión expuesta en el contexto de Brasil entre el juez Moro y el fiscal Dallagnol. La aberración jurídica cometida en Ecuador será materia de estudio y sin duda de procesamientos penales por fraude procesal a futuro.
El ex presidente Rafael Correa es uno de los líderes políticos más relevantes de Latinoamérica. Su gestión de diez años no solo llevó bienestar a las y los ecuatorianos, sino que sirvió como modelo de desarrollo para la gestión política de países latinoamericanos y europeos. Hoy su liderazgo cobra más importancia y es visto con esperanza frente a la grave crisis económica, social, política y sanitaria que enfrenta el Ecuador.
El Grupo de Puebla, por todas estas razones, llama a las organizaciones internacionales y relatorías que velan por el respeto a los derechos humanos y democráticos, y por la independencia de jueces y abogados, a ejecutar acciones en contra de las irregularidades de este procedimiento judicial. La justicia no puede ser usada como el brazo político de una élite.
Firmado el 8 de abril 2020
Celso Amorim
Marco Enríquez-Ominami
José Miguel Insulza
Camilo Lagos
Guillaume Long
Fernando Lugo
Daniel Martínez
Esperanza Martínez
Aloizio Mercadante
Carlos Ominami
Carol Proner
Gabriela Rivadeneira
Dilma Rousseff
Carlos Sotelo
Jorge Taiana
El Grupo de Puebla condena persecución judicial contra Rafael Correa