Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.
Por Carol Proner*, especial para NODAL
Sergio Moro, el famoso juez responsable de la sentencia que llevó al ex presidente Lula a la prisión por 580 días, ésta con su credibilidad por el piso. El último 25 de agosto, la Corte Suprema de Brasil revocó por primera vez una sentencia dictada por Moro en una demanda que involucró el banco Banestado. Si bien no se trata de una demanda contra Lula o la operación Lava Jato, la decisión radical de anular el proceso representa una respuesta para corregir los abusos en cuanto a los procedimientos de “delaciones premiadas” y el uso de pruebas sin respeto a las garantías procesales penales.
Ante la expectativa de innumerables imputados y juicios dada la forma forma descuidada en que actuaron el ex-juez de Curitiba, que dimitió para asumir como Ministro de Bolsonaro, y los fiscales en el contexto de Lava Jato, distorsionando el debido proceso legal en las distintas fases, podemos llegar al menos a tres lamentables conclusiones en cuanto al proceso de lucha contra la corrupción en Brasil:
Primeramente, la operación Lava Jato, bajo el mando de Sérgio Moro, fue una gran pérdida de oportunidad histórica para combatir la corrupción dentro del marco de laz legalidad. En segundo lugar, Lava Jato, al mando de Sérgio Moro, persiguió, procesó y condenó a inocentes, provocando innumerables consecuencias en los proyectos de vida y en la biografía de varios imputados. La tercera gran conclusión se ha ido descubriendo poco a poco y con revelaciones cada vez más escandalosas: se utilizó una inmensa trama de colaboración internacional y del uso del derecho para alejar fuerzas políticas, líderes y un proyecto de desarrollo nacional que pasó por las principales empresas y sectores estratégicos de Brasil.
Y aquí hay una advertencia para todos los gobiernos latinoamericanos: esta trama va más allá de Brasil. Los sistemas estatales soberanos de los países de la región no pueden descuidarse porque la trama pasa sustancialmente por la aplicación de tratados bilaterales anticorrupción, por sistemas informales de colaboración entre policías federales,, por fiscales y entidades de otros países en territorio con la excusa de colaborar con las estructuras dedicadas a combatir el crimen organizado, armas, drogas, tráfico de todo tipo, así como prevención al terrorismo.
En Brasil, además de la vulnerabilidad inherente a estos sistemas integrados de colaboración transnacional, muy probablemente hubo delitos cometidos por funcionarios públicos. Los inspectores del Lava Jato violaron subrepticiamente los tratados internacionales y asumieron competencias de otros poderes. Eso lo indican los documentos que fueron recién revelados. Poco se sabe de este enorme iceberg escondido, pero para nadie es un secreto que Sergio Moro actuó en connivencia con los inspectores del Ministerio Público, tornándose un juez inquisitorial. Para nadie es secreto que Moro viajaba frecuentemente para Estados Unidos hace ya muchos años visitando entidades públicas y privadas de todo o tipo dedicadas a utilizar al tema de la corrupción. Tampoco es un secreto que Estados Unidos considera la lucha contra la corrupción como un activo estratégico para la expansión política y económica en su “patio trasero”, una oportunidad para aplicar la jurisdicción extraterritorial a los países latinoamericanos.
Uno de los hechos más graves revelados por el sitio web The Intercept Brasil y por la Agencia Pública, fue la colaboración ilegal de los miembros del MPF de Curitiba con agentes del FBI y del Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) en los años de 2015, incluido el violación flagrante del Acuerdo en Materia Penal del Tratado de Asistencia Legal Mutua (MLAT), y violación del convenio de colaboración bilateral en materia judicial penal. En definitiva, el MPF de Curitiba ha asumido la competencia del Ministerio de Justicia para coordinar dicha cooperación internacional, colaborando efectivamente con el avance de las investigaciones que, posteriormente, resultaron en acuerdos de culpabilidad por soborno y el desencadenamiento de mecanismos de jurisdicción extraterritorial, todos con origen informal.
La sensación de impunidad de los agentes del Ministerio Público fue tal que el líder de los inspectores, Deltan Dallagnol, creó una escandalosa fundación privada para administrar 2.500 millones de reales, dinero destinado al acuerdo de recuperación de activos en el acuerdo de clemencia entre la justicia de Estados Unidos y Petrobras. Ese intento genero tremendas críticas dentro de la fiscalía brasileña y actualmente este procurador está bajo fuerte presión por innumerables acusaciones de corrupción funcional.
Se acerca el día en que se juzgará, por la Corte Suprema, el famoso habeas corpus que pide la nulidad de las demandas contra Lula. La academia jurídica, en una encuesta reciente que involucró a los mayores centros de investigación en derecho del país, ha opinado en consenso: el 97,8% de los profesores de derecho consultados, incluidas las principales universidades de Brasil, considera que Sérgio Moro fue absolutamente parcial en los juicios contra Lula. La Corte Suprema tiene la oportunidad de hacer justicia, aunque con retraso, y de restaurar la credibilidad de la propia justicia, que hoy es sinónimo de colusión con el uso político de la ley.
Y Sergio Moro deja de ser el juez superhéroe y, poco a poco, se convierte en el célebre artífice del lawfare, del uso del derecho para desestabilizar a opositores políticos. Actuó cuando era juez y también cuando era ministro de Justicia de Jair Bolsonaro, como recompensa por ayudar en su victoria electoral encarcelando a Lula. Hoy, tras romper con Bolsonaro, se encuentra lejos del poder, pero al parecer se prepara para ser candidato de la Rede Globo a la Presidencial del 2022. Pero su reputación está cayendo porque los involucrados en la operación Lava Jato ya no puede ocultar las ilegalidades que cometieron ni sus perversos efectos económicos contra la economía del país, contra las constructoras brasileñas y los sectores estratégicos de petróleo, gas y electricidad.
Que Brasil sirva de advertencia a toda América Latina de lo pernicioso que puede ser el Poder Judicial cuando rompe con las garantías legales, la Constitución y especialmente la soberanía nacional.
*Abogada, Profesora de Derecho Internacional, Miembro de ABJD – Asociación Brasileña de Juristas por la Democracia.
Fuente: NODAL