Las y los integrantes del Grupo Parlamentario Progresista Iberoamericano, instancia creada por iniciativa del Grupo del Puebla, condenamos los hechos de violencia ocurridos en la hermana República de Colombia, durante las movilizaciones sociales realizadas contra la propuesta de reforma tributaria propuesta por el presidente Iván Duque y los problemas estructurales que afectan a la sociedad colombiana.
Desde el pasado 28 de abril de 2021, varios sectores de la sociedad se han sumado de manera pacífica a movilizaciones y actos de protesta en varias ciudades y áreas rurales de toda Colombia, en rechazo a la iniciativa del Presidente Iván Duque de implementar reformas económicas tendientes a privilegiar a sectores económicos más poderosos y a profundizar la brecha social ya existente. Ante el reclamo popular, la respuesta por parte de las autoridades del Poder Ejecutivo ha sido desatar una violenta represión militar y policial en todo el país, la cual ha provocado hasta el momento, el asesinato de siete personas, cientos de heridos, denuncias de torturas, privaciones ilegítimas de la libertad, y el atropello a medios alternativos de comunicación, entre otros hechos que atentan contra los derechos humanos y quiebran todo principio de convivencia democrática.
En un mundo afectado por la pandemia y sus efectos sociales y económicos, resulta inmoral plantear políticas que busquen debilitar al Estado para beneficiar a sectores económicamente más poderosos, convirtiendo derechos esenciales como el de la salud en servicios sometidos a las leyes del mercado. Esto lo ha entendido una parte mayoritaria del pueblo colombiano, que salió a las calles a defender su dignidad y bienestar.
Desde el Grupo Parlamentario Progresista Iberoamericano, condenamos los abusos de las fuerzas policiales y militares, así como cualquier instigación a la violencia por parte de las fuerzas de seguridad de Estado como la realizada por el expresidente Álvaro Uribe. Hacemos un llamado a la comunidad internacional a condenar y exigir el cese inmediato de la represión y garantizar el derecho constitucional a manifestarse. Finalmente, solicitamos la intervención de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, así como de la CIDH para investigar y producir un informe sobre las numerosas violaciones a los Derechos Humanos que se han presentado en el marco de las protestas.
Esperanza Martínez, Senadora, Paraguay;
Oscar Laborde, Parlamentario del Mercosur, Argentina;
Jorge Taiana, Senador, Argentina;
Karina Sosa, Diputada, El Salvador;
Carlos Filizzola, Senador, Paraguay;
Esther Cuesta Santana, Asambleista Nacional, Ecuador;
Gabriela Rivadeneira, Asambleista Nacional, Ecuador;
Fernando Lugo, Senador, Paraguay;
Antonio Sanguino Páez, Senador, Colombia;
Jorge Querey, Senador; Paraguay;
María José Pizzaro, Cámara de Representantes, Colombia;
Juan Castillo, Senador, Uruguay;
Iván Cepeda, Senador, Colombia;
Humberto Costa, Senador, Brasil;
Rocío Silva, Congresista, Perú;
Ángela María Robledo, Cámara de Representantes, Colombia;
Pabel Muñoz, Asambleista Nacional, Ecuador;
Betty Yañíquez, Diputada, Bolivia;
Martha Lucía Micher, Senadora, México;
Sonia Britos, Diputada, Bolivia;
Jandira Feghali, Diputada, Brasil;