O Conselho Latino-americano de Justiça Democracia (Clajud), vinculado ao Grupo de Puebla, enviou nesta semana uma carta ao governo do Equador em que pediu o fim da repressão contra opositores, incluindo a prisão e a abertura de processos contra funcionários públicos, líderes e militantes de movimentos políticos e sociais , em especial após o fim das mobilizações que sacudiram o país em outubro..
Segundo a Clajud, o governo do Equador mantém “a dinâmica repressiva e a perseguição política aumenta no país”. Os juristas que assinam a carta apontam a situação da prefeita de Pichincha, Paola Pabón, como um exemplo da atividade de repressão no país.
“A situação de prisão provisória de Pabón, de líderes políticos e sociais, as invasões em domicílios de pessoas identificadas com a esquerda, as detenções e denúncias contra líderes de distintos movimentos estão colocando em grave risco os direitos humanos, a democracia e o pluralismo político no Equador”, diz a carta.
A Clajud lembra que a repressão estava acontecendo, inclusive, desde antes da greve nacional no Equador, com várias ações que o governo Lenín Moreno articulou contra seus opositores políticos. Como exemplos, a organização citou a perseguição contra o ex-presidente Rafael Correa, a prisão do ex-vice-presidente Jorge Glas, que cumpre 25 meses de prisão, e a ordem de detenção contra um dos líderes da Revolução Cidadã, Ricardo Patiño. A perseguição se intensificou durante a greve, a partir do momento em que se imputou ao correísmo a falsa acusação de orquestrar um golpe de Estado.
Os juristas apontam que a dinâmica persecutória se estendeu aos meios de comunicação não alinhados com o discurso do governo, a exemplo do que aconteceu com a Rádio Pichincha Universal, a emissora pública da cidade. Ela foi tirada do ar após um pedido do Ministério da Defesa, e uma sentença recente na Justiça considerou a suspensão conflitante com os direitos fundamentais.
O conselho pede a Quito que evite a utilização do sistema judicial para perseguir adversários políticos, respeite e assegure a independência do Judiciário. A Clajud ainda exige do governo equatoriano que cumpra com sua “obrigação de respeito e garantia dos direitos humanos e evite a difusão de discursos estigmatizantes e criminalizadores dos protestos e da dissidência política”.
Leia a íntegra da carta (em espanhol)
Al Presidente de la República del Ecuador, Lic. Lenín Moreno Garcés
A la Presidenta del Consejo de la Judicatura, Dra. María del Carmen Maldonado Sánchez
A la Fiscal General del Estado, Abogada Diana Salazar Méndez
Al Defensor del Pueblo, Dr. Freddy Carrión Intriago
Las personas abajo firmantes, miembros del CLAJUD, nos dirigimos respetuosamente a las autoridades ecuatorianas para poner de manifiesto nuestra profunda preocupación ante las detenciones, encarcelamiento y apertura de procesos contra funcionarios públicos, líderes y militantes de movimientos políticos y sociales no afines al gobierno, que se han sucedido desde el final del paro nacional de octubre.
Tras la finalización de la movilización social de octubre, que dejó un saldo de al menos 11 personas fallecidas, 1.507 heridas y 1.382 detenidas, según los datos de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, este Consejo emitió, el 16 de octubre de 2019, una nota instando al gobierno del Ecuador a investigar y reparar los abusos cometidos en el uso de la fuerza pública y a detener de inmediato la represión política. En opinión del Consejo, todas estas actuaciones son imprescindibles para conseguir la paz social y poner fin al conflicto.
A día de hoy, constatamos que el gobierno del Ecuador mantiene la dinámica represiva y la persecución política aumenta en el país. La situación de prisión provisional de la Prefecta de Pichincha y de líderes políticos y sociales, los allanamientos en domicilios de personas señaladas de la izquierda político-social, las detenciones y denuncias a líderes de distintos movimientos están poniendo en grave riesgo los derechos humanos, la democracia y el pluralismo político en Ecuador.
Desde el CLAJUD consideramos que la persecución política comenzó antes del paro nacional. La apertura de procesos sucesivos contra el ex Presidente Rafael Correa, el encarcelamiento del ex Vicepresidente Jorge Glas, que cumple 25 meses en la cárcel, o la orden de detención contra uno de los líderes de la Revolución Ciudadana, Ricardo Patiño, asilado en México desde el mes de abril de 2019 (con la condición jurídica de asilado por persecución política desde septiembre de este año) son evidencias de la utilización del derecho como instrumento de represión política. Esta persecución se agravó durante el Paro Nacional al imputarse al llamado “correísmo” la falsa acusación de orquestar un golpe de Estado. En este marco, la dirigencia de la Revolución Ciudadana ha sido pública y sistemáticamente acusada por el gobierno, que ha fomentado, en nuestra opinión, un discurso orientado a justificar el uso del aparato judicial para anular a los adversarios políticos. La dinámica de persecución se ha extendido a los medios de comunicación no alienados con el discurso del gobierno, en concreto, la Radio Pichincha Universal (radio pública de la Prefectura de Pichincha) fue suspendida de sus actividades tras un informe del Ministerio de Defensa, suspensión que ha sido considerada atentatoria contra los derechos fundamentales en una reciente sentencia en el marco de una acción de protección constitucional.
La preocupación por esta situación ha sido igualmente manifestada por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que mediante nota hecha pública el 29 de noviembre de 2019, pidió a las autoridades ecuatorianas que se abstengan de hacer declaraciones o cualquier otra acción que estigmatice, entre otros, a los opositores políticos, “para evitar exponerlos a riesgos adicionales”. En la misma nota, la Alta Comisionada se refirió expresamente a los allanamientos a los medios de comunicación, señalando que ello “apunta a un esfuerzo deliberado de restringir su capacidad de transmitir y recibir información, que es un elemento fundamental del derecho a la libertad de expresión y opinión”.
En este contexto, desde el CLAJUD manifestamos nuestra concreta preocupación respecto de la situación de las siguientes personas:
- La Sra. Prefecta de Pichincha Paola Pabón, que fue amenazada en redes sociales durante el Paro Nacional por diversos miembros del Gobierno, detenida el 14 de octubre y que se encuentra en prisión, de manera provisional, desde el 15 de octubre. Consideramos que la imputación del delito de rebelión no tiene base suficiente y nos preocupa enormemente la posibilidad de que este encarcelamiento sea la causa para que la Prefecta pueda perder su cargo de elección popular. Nos permitimos recordar a las autoridades ecuatorianas que, conforme a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos, los derechos políticos pueden ser restringidos únicamente por “condena, por juez competente, en proceso penal” (López Mendoza vs. Venezuela, párr. 107). En tal sentido, el Estado ecuatoriano violaría los derechos políticos de la Sra. Prefecta Paola Pabón, así como los derechos políticos de los electores, si la Prefecta es removida de su cargo por parte de las autoridades ecuatorianas durante la actual situación de prisión provisional.
- El Sr. Christian González, coordinador de acción política del movimiento Revolución Ciudadana, y en la misma situación de prisión provisional.
- El Sr. Virgilio Hernández, Secretario Ejecutivo del movimiento de la Revolución Ciudadana, que se presentó voluntariamente para prestar declaración el día 5 de noviembre y que se encuentra igualmente en prisión provisional. El delito de rebelión que se le imputa tampoco cuenta con base suficiente.
- Los Srs. y Sras. Carlos Viteri Gualinga (Asambleísta de la RC), Tania Pauker (ex miembro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social), Luis Fernando Molina (Asambleísta alterno de la RC), Edwin Jarrín (ex miembro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social), Soledad Buendía (Asambleísta de la RC), Luís Flores (militante de la RC) y Gabriela Rivadeneira (Asambleísta de la RC). Todos ellos permanecen en la Embajada de México sita en Quito desde el día 14 de octubre ante la amenaza y el temor de represión política y acciones judiciales en su contra.
- El Sr. Jorge Glas Espinel, ex Vicepresidente Constitucional de la República, cuyo recurso de casación fue denegado por la Corte Nacional de Justicia sin que se resuelvan las múltiples violaciones a su derecho a la defensa y sin que se hayan presentado pruebas que lo vinculen al delito imputado. Del mismo modo, nos preocupa la situación actual por la que atraviesa el ex Vicepresidente Glas dentro de la Cárcel de Latacunga, lugar al que fue traslado arbitrariamente y en donde su vida e integridad personal se encuentran en permanente riesgo, ya sea por las amenazas de muerte que ha recibido o por las condiciones de detención que padece. El ex Vicepresidente Glas se encuentra prácticamente incomunicado y la cárcel no cuenta con los insumos y personal necesario para tratar las múltiples dolencias físicas que el ex Vicepresidente tiene.
Desde el CLAJUD solicitamos respetuosamente a las autoridades ecuatorianas que:
- Eviten la utilización del sistema judicial para perseguir al adversario político/electoral.
- Respeten y aseguren la independencia de la Función Judicial.
- Cumplan con su obligación de respeto y garantía de los derechos humanos y eviten la difusión de discursos estigmatizantes y criminalizadores de la protesta y la disidencia política.
- Cumplan con su obligación de promoción de los derechos humanos tal y como están recogidos en la normativa nacional y supranacional y en este sentido garanticen los derechos políticos activos y pasivos.
- Cumplan con su obligación de garantizar los derechos humanos y aseguren el cumplimiento del debido proceso, muy en particular respecto de casos en los que la acusación ponga en riesgo el pluralismo político y la democracia en el país.
- Permitan que Paola Pabón, Christian González y Virgilio Hernández puedan defenderse en libertad. A tal efecto, se recuerda a las autoridades ecuatorianas que la libertad es la regla, mientras que la prisión preventiva es la excepción. Asimismo, dichas personas deberán tener las garantías básicas de un juicio justo.
- Protejan los derechos políticos de la Prefecta de Pichincha, Paola Pabón, y de los electores que votaron por ella, absteniéndose de removerla de su cargo sin condena en firme por parte de juez competente.
- Actúen de manera inmediata para precautelar la vida, seguridad e integridad física de Paola Pabón, Christian González, Virgilio Hernández y Jorge Glas.
- Trasladen a Jorge Glas desde la Cárcel de Latacunga a la Cárcel 4 de Quito, lugar que ofrece las condiciones necesarias de seguridad para albergar a un ex funcionario público, así como para tratar las dolencias físicas que el ex Vicepresidente padece.
Sin otro particular, los saludamos
Adoración GUAMÁN HERNÁNDEZ
Baltasar GARZÓN REAL
Damián MIGUEL LORET
Caroline PRONER
Elizabeth GÓMEZ ALCORTA
Emilio CAMACHO PAREDES
Enrique SANTIAGO
Gisele RICOBOM
Gisele Guimaraes CITTADINO
Juarez TAVARES
Juan Martín MENA
Larissa RAMINA
María José FARIÑAS DULCE
Oswaldo RUIZ CHIRIBOGA
Pedro Estevan Alves PINTO SERRANO
Roberto Manuel CARLÉS
Fuente: Opera Mundi