El exvicepresidente de Ecuador, Jorge Glas, vuelve a ser objeto de una investigación por parte de la Fiscal General del Ecuador, Diana Salazar, quien, el pasado 16 de diciembre solicitó su ubicación, localización, inmovilización y traslado para “dar cumplimiento a la práctica de varias diligencias investigativas”. Pese a que en la comunicación oficial la Fiscal afirmó que la investigación tiene el carácter de reservado, por lo que no se especificaron los motivos de la orden emitida, en entrevistas posteriores a medios de comunicación, Diana Salazar ha revelado que la nueva investigación está relacionada con la reconstrucción de Manabí, tras el terremoto de 2016. Se trata de un caso abierto hace más de cuatro años, respecto del cual ahora se afirma la “urgencia” de continuar dicha investigación.
Ante esta actuación, el 17 de diciembre, Jorge Glas se presentó en la Embajada de México en Quito, pidiendo su ingreso y salvaguarda en la sede diplomática, expresando temor por su seguridad y libertad personal. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México admitió al expresidente en calidad de huésped y afirmó actuar de conformidad con el marco jurídico mexicano en materia de protección internacional a personas, afirmando que analizará detalladamente una posible solicitud de asilo por el exvicepresidente.
La contestación de la Cancillería ecuatoriana fue inmediata, solicitando mediante un comunicado “la urgente colaboración de las autoridades mexicanas, a fin de que se invite al citado ciudadano a abandonar dicha representación diplomática”. La Cancillería exigió además a la Embajada mexicana explicaciones sobre las razones de la presencia del señor Jorge Glas, cuestión ya explicada públicamente y le comunicó que “para el Gobierno Nacional resulta jurídicamente evidente que no sería lícita la concesión de asilo diplomático, en virtud del Artículo III de la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954”.
Cabe señalar que Jorge Glas se encuentra en libertad desde el 28 de noviembre de 2022, luego de haber estado detenido desde octubre de 2017, es decir por más de 5 años, debido a un proceso que ha sido permanentemente cuestionado por juristas y organizaciones de derechos humanos y calificado como estrategia de Lawfare y persecución jurídica.
El nuevo intento de detención de Jorge Glas por parte de la Fiscalía de Ecuador se da en un escenario marcado, no solo por una macro operación de la Fiscal General del Estado, Diana Salazar cuyas garantías procesales ya han sido cuestionadas por el Grupo de Puebla y diversos actores nacionales e internacionales, sino que coincide en el tiempo con tres hechos de especial relevancia. En primer lugar, coincide con la adopción de la sentencia de 13 de diciembre de 2023 de la Corte Constitucional de Ecuador en la que ratificó sentencias anteriores que inadmitieron las demandas de habeas corpus planteadas en favor de Jorge Glas. En segundo lugar, coincide con la solicitud de juicio político contra la Fiscal General del Estado, mismo que el 7 de diciembre de 2023 fue aprobado por el Consejo de Administración Legislativa de la Asamblea Nacional de Ecuador a petición de la bancada de la Revolución Ciudadana; y, en tercer lugar en el marco de un concurso de jueces de la Corte Nacional, que el propio Presidente de la Corte Nacional intentó detener y luego del apresamiento de Wilman Terán, Presidente del Consejo de la Judicatura, ha vuelto a insistir que debía declararse nulo. Como colofón de todo lo anterior, los hechos constatan que, en Ecuador, aquellos jueces que cumplen con su obligación y actúan con apego a la ley y al debido proceso asumen el riesgo de ser destituidos o encarcelados.
La llamativa coincidencia de los tiempos de estos hechos, así como las amenazas públicas de la Fiscal respecto de las consecuencias que tendría el inicio de un juicio político contra ella respecto de las y los líderes de la Revolución Ciudadana, son hechos de gran preocupación y elementos claros de distorsión del funcionamiento de la justicia que entroncan con las dinámicas de Lawfare que desde CLAJUD venimos denunciando permanentemente en la región y en Ecuador.
Por añadidura, el apoyo de la Cancillería del Ecuador, es decir del Gobierno del país, a la operación de la Fiscal, apercibiendo al Estado mexicano de la posible ilegalidad de una decisión en todo caso soberana, parece exceder del normal funcionamiento de las relaciones diplomáticas ordinarias y atenta contra los compromisos regionales e internacionales de derechos humanos de los cuales tanto Ecuador como México son parte.
Ante estas actuaciones, desde CLAJUD manifestamos nuestra honda preocupación respecto del respeto del derecho a la libertad y al debido proceso en lo relativo a la situación del exvicepresidente Jorge Glas, respecto del cual la sucesión de actuaciones jurídicas y los tiempos determinados para estas apuntan a una continua persecución política. Esta dinámica, se enmarca en el conjunto de operaciones (denuncias, juicios y sentencias dictadas antes del debido proceso), contra líderes y lideresas de la región, careciendo de pruebas suficientes, hecho que tiene un fuerte impacto no sólo en los derechos individuales y colectivos, sino en la vida política de las sociedades latinoamericanas. Convocamos a organismos de la comunidad regional e internacional, a considerar los preocupantes hechos en Ecuador.