– ESPECIAL PARA EL PAÍS
Ernesto Samper Pizano,
expresidente de Colombia y exsecretario General de UNASUR
Si la validez de las próximas elecciones en Venezuela se midiera por el funcionamiento de su sistema electoral, estarían aseguradas. Cuando fui secretario general de UNASUR tuve la oportunidad de constatar que los mecanismos electorales venezolanos son de los más sólidos de la región. Cada voto es verificado de forma digital, manual y certificado a través de constancias que manejan los directorios de los partidos para sus reclamos e impugnaciones ante las autoridades electorales. De tajo, el fraude está descartado. Las mayores dificultades en la próxima celebración de los comicios en Venezuela tienen que ver con el entorno político nacional e internacional que rodea las campañas actuales y cómo y hasta cuánto podrán influenciar las decisiones de los potenciales votantes.
Preocupa especialmente el problema de las sanciones internacionales, económicas y personales, impuestas por los Estados Unidos y la Unión Europea que tienen bloqueada desde hace varios años, como asedios medievales, la economía del país con graves repercusiones humanitarias y sociales. Se estima que estas sanciones – 930 hasta el momento- han costado 232 mil millones de dólares y llegaron a reducir de 2015 hasta la fecha en un 87% la producción petrolera del país que es su principal fuente de ingresos. ¿Cómo pueden influir estas sanciones, ilegales e inmorales, en la libre decisión de electores enfrentados al dilema de escoger entre candidatos amenazados o beneficiados por su sostenimiento o levantamiento?: lo sabremos el próximo domingo. Sanciones unilaterales con elecciones de por medio equivale a un combate de boxeo en que uno de los púgiles sube con las manos amarradas.
De otro lado, es evidente que en Venezuela hay una concentración de poderes en manos del partido de gobierno como sucede en otros países donde existe la figura constitucional de la reelección presidencial. La larga permanencia en el poder del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) ha generado concentraciones inconvenientes de espacios institucionales de gobierno y control que deben ser reequilibrados, pasadas las elecciones, a través de acuerdos entre las fuerzas ganadoras y perdedoras de los comicios. A través de UNASUR, el presidente Nicolás Maduro se comprometió con esta reforma estructural que debería revivirse con el apoyo de las demás fuerzas políticas, hasta llegar a una nueva arquitectura institucional consignada en la Carta Magna que además recoja los avances en materia constitucional de otras constituciones latinoamericanas.
En el corto plazo, lo más importante es que quien gane asegure garantías para el ejercicio de la oposición y a su vez, el que pierda reconozca el resultado. Nueve de los diez grupos políticos que participan en estas elecciones, incluido el del gobierno según su vocero, Jorge Rodríguez, aceptaron la propuesta del CNE sobre la legitimación anticipada de resultados. El PSUV siempre ha reconocido los resultados electorales: lo hizo con el plebiscito de Chavez y lo volvió a hacer al reconocer la derrota en las elecciones parlamentarias del 2015. El sector opositor que se abstuvo de firmar este compromiso debería ser consecuente y apoyarlo por el bien de la democracia. Poco o nada se avanzaría en Venezuela si las próximas elecciones terminaran convertidas en un juego de perdedores y ganadores, en una suerte de pax romana, en que quien gane se quede con todo y el que pierde se vaya para la casa sin nada.
La polarización ideológica que está envenenando otras democracias latinoamericanas, incluida la de Colombia, mi país, se complica en el caso de Venezuela donde existen dos visiones políticas, diferentes y enfrentadas, sobre su realidad. De una parte está la narrativa internacional alimentada por la oposición venezolana con la eficaz ayuda de los medios y redes sociales de las derechas locales y en la otra, un discurso nacional liderado por el gobierno del presidente Maduro que trabaja con el referente de los avances sociales de la revolución bolivariana y el rechazo del bloqueo resultante de las maniobras internacionales de la oposición. Fenómenos insólitos como el reconocimiento internacional de Juan Guaidó son el resultado del esquizofrénico tratamiento informativo de la doble realidad venezolana que puede confundir a los electores y afectar su capacidad para tomar una decisión equilibrada. Así como se pide al presidente Maduro reconocer a la oposición como alternativa para competir por el poder, la opinión internacional también debería aceptar la posibilidad de un triunfo del gobierno como respuesta a sus políticas sociales y la reciente reactivación de su economía que está por encima de las tasas de crecimiento regional. Las dos opciones en la balanza democrática, sin chauvinismos ni estigmatizaciones de parte y parte, serían el escenario ideal para las próximas elecciones.
Debo mencionar finalmente, en este análisis a boca de jarro de la coyuntura venezolana, el tema de la paz en Colombia. Es un hecho más que evidente que sin el apoyo de Venezuela, no hubiera sido posible para Colombia y sus últimos gobiernos avanzar en la concreción de la paz. En este empeño ha sido definitiva la participación del gobierno venezolano como facilitador, mediador y garante en el apoyo logístico del proceso terminado con las FARC y los que están en curso con otras fuerzas insurgentes. El futuro de la paz en Colombia también estará en juego en las próximas elecciones venezolanas.
El tema de los migrantes no es menos importante. Así como Colombia ha asumido el reto de recibir con los brazos abiertos a miles de migrantes que exigen el mismo reconocimiento que les hizo el presidente Hugo Chávez a los miles de colombianos que salieron huyendo del conflicto armado, el gobierno que se elija el próximo domingo deberá tener como prioridad tenderle la mano a sus compatriotas para que regresen a casa o se queden en condiciones dignas donde quiera que se encuentren. Y pedir para ellos el trato de ciudadanos que deberíamos exigir para todos los migrantes latinoamericanos criminalizados, estigmatizados o maltratados por la xenofobia derechista. Por fortuna, la posible designación de Kamala Harris como candidata demócrata a los Estados Unidos sería una buena noticia para que el tema de la persecución de los migrantes no se convierta en una bandera para hacer “más grande América” como lo propone el candidato Trump.
En síntesis: las elecciones venezolanas no pueden reducirse al simple ejercicio democrático del derecho al voto. Deben convertirse en un punto de partida para levantar las sanciones unilaterales que hoy agobian a los venezolanos, seguir recuperando su economía, asegurar los derechos de la oposición, equilibrar los poderes, unificar la imagen internacional del país, convertir a los migrantes en ciudadanos con ejercicio pleno de derechos de regreso a Venezuela o fuera de ella, profundizar las políticas de inclusión social existentes y tender los puentes que hagan posible la paz para Colombia, tal como lo está buscando el presidente Gustavo Petro. Mi experiencia como secretario general de UNASUR es que el presidente Maduro y muchos de los dirigentes de la oposición son receptivos a este mensaje de paz y progreso para Venezuela. Espero que los resultados del próximo domingo así lo confirmen.