Durante la jornada de este lunes, el Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia (CLAJUD), dimensión jurídica del Grupo de Puebla, realizó el seminario “La cultura del Lawfare en América Latina: Las guerras jurídicas contra el progresismo latinoamericano”, que contó con expositores como Pedro Serrano, jurista y profesor de derecho constitucional; la integrante de la defensa del expresidente Lula da Silva, Carol Proner; los juristas bolivianos Wilfredo Chávez y Jaime Quiroga; el excanciller Guillaume Long; las juristas brasileñas, Gisele Ricobom y Gisele Cittadino; el abogado paraguayo, Emilio Camacho; y el jurista argentino, Javier López Maida.
También, la jornada tuvo la participación del exjuez español, Baltazar Garzón, además de distintos integrantes del Grupo de Puebla como el expresidente colombiano, Ernesto Samper; Clara López, exministra del trabajo de Colombia; el senador Iván Cepeda; la diputada chilena, Karol Cariola; el senador Alejandro Navarro; la asambleísta nacional del Ecuador, Gabriela Rivadeneria; y la exsenadora de Uruguay, Mónica Xavier.
En la apertura de la sesión, el expresidente Ernesto Samper explicó que en América Latina “estamos ya llegando a un nivel de donde pasamos del Lawfare que se está haciendo a los dirigentes progresistas, a las amenazas reales a la democracia, que a nuestro juicio justificaría la invocación y la aplicación de algunas cláusulas democráticas que están en los estatutos constitutivos de mecanismos de integración, como la Organización de Estados Americanos”.
Por su parte, el excanciller Guillaume Long, comentó que “lo que llama mucho la atención es la semejanza que hay entre la persecución política judicial en Ecuador con los países de América Latina. Se nota que acá hay una agenda regional, un guión, con sus variantes por país, pero hay un proyecto geopolítico de persecución política contra el progresismo latinoamericano”.
La jurista brasileña y fundadora de CLAJUD, Carol Proner, explicó que “en Brasil tenemos una situación distinta de otros casos, porque acá hay una evidente delincuencia judicial. Se descubrió con evidencia fundada la corrupción funcional de jueces y procuradores, por lo tanto se ha demostrado que por ejemplo, el proceso contra Lula, ha sido un juicio parcial, y por lo tanto tiene que anularse”.
“Lamentablemente Bolivia es un ejemplo dramático de la guerra jurídica, hay más de 150 investigaciones penales de sedición y terrorismo contra militantes del MAS. El motor que mueve a este gobierno transitorio es el odio y el racismo por sobre todo, algo que en lo que se había avanzado con el Estado Plurinacional”, explicó el jurista boliviano, Wilfredo Chávez.
Por otro lado, uno de los expositores, Pedro Serrano, se refirió al caso chileno contra el excandidato presidencial, Marco Enriquez-Ominami, diciendo que él “es tratado como un enemigo y no un ser humano que tiene derecho a la protección jurídica. Es una grave ofensa a sus derechos humanos y civiles, y una gravísima ofensa a la democracia en Chile”.
El jurista Javier López Maida, quien expuso sobre la reforma judicial en Argentina, explicó que “los últimos 4 años en Argentina se hizo un uso excesivo de la prisión preventiva, de una forma mediática y farandulesca. El Lawfare no tendría implicancia si no tuviera los medios de comunicación masivo para generar la base de la acción judicial”.
Finalmente, el abogado de Paraguay, Emilio Camacho, comentó que “en Paraguay el Lawfare comenzó en 2012 con el Golpe de Estado al presidente Lugo. En este momento sabrán que hay un secuestro de un ex vicepresidente de la república, con una campaña brutal de los medios de vincular a Lugo con ese grupo armado. Esto, a pesar de que fue en su gobierno cuando más personas fueron detenidas y abatidas de ese grupo criminal armado”.