Desde CLAJUD-Grupo de Puebla, manifestamos nuestra profunda preocupación por la grave crisis política y conmoción interna que transcurre en Ecuador. El paro y movilización convocada por el movimiento indígena liderado por la CONAIE, a la que luego se sumaron otros sectores, en rechazo de las medidas neoliberales que han agudizado la desigualdad, la pobreza y la precariedad en el país, ha sido respondido por el gobierno con una estrategia represiva sin precedentes a través de las fuerzas armadas y la policía. El saldo de personas muertas, heridas y detenidas en las protestas se eleva y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya ha expresado su preocupación por las vulneraciones de derechos humanos derivadas de la represión, el uso de la violencia y la militarización.
Las y los juristas miembros de CLAJUD exhortamos al gobierno de Guillermo Lasso a respetar el ejercicio de los derechos de manifestación, protesta y resistencia y establecer las condiciones para que se dé una salida democrática a la crisis. Esto implica, por un lado, el fin de la violencia física y simbólica frente al movimiento indígena y el resto de opositores políticos, así como la apertura de vías de diálogo y consideración real de las exigencias legítimas de las organizaciones convocantes; por otro, el gobierno debe respetar el ejercicio de los mecanismos constitucionalmente establecidos para resolver la crisis y conmoción interna, que efectivamente se está produciendo en el país, evitando la persecución y criminalización de la oposición política.
Recordamos que el uso del poder judicial y la difamación mediática como vía para limitar las expresiones de disidencia política es incompatible con un sistema democrático y apelamos al respeto de la independencia del poder judicial para que no vuelvan a producirse las situaciones de Lawfare de años anteriores.
Nos preocupa de manera especial la amenaza de encarcelamiento del líder indígena Leónidas Iza, la reactivación de la persecución contra Virgilio Hernández y Paola Pabón, Prefecta de Pichincha, a través de acusaciones públicas carentes de pruebas planteadas por ministros del Gobierno de Ecuador. No es una situación nueva, ya en su informe de 2020 sobre las protestas sociales de 2019 en el país, la CIDH afirmó que se advertía el “constante uso de medios de comunicación y redes sociales con el objeto de difundir mensajes estigmatizantes y deslegitimadores por parte de autoridades estatales y no estatales en contra de líderes de las organizaciones indígenas o de oposición en las que se les descalifica o asocia con la comisión de delitos” y recomendó al Estado evitar estas dinámicas. Del mismo modo, expresamos nuestra profunda preocupación por el cuestionamiento político y mediático del proceso de amnistías concedidas por la Asamblea Nacional el 12 de marzo de 2022 y cuya acción de inconstitucionalidad ha sido admitida a trámite por la Corte Constitucional.
Por lo dicho, desde CLAJUD hacemos un llamamiento a la comunidad internacional y a los organismos regionales e internacionales de Derechos Humanos para acompañar a las partes en el camino hacia esa imprescindible salida democrática del conflicto en el marco de la Constitución de 2008, que reconoce al Ecuador como un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. También convocamos especialmente a los Gobiernos de América Latina y el Caribe a pronunciarse contra la represión y por el diálogo, el vivir bien y el respeto de los Derechos Humanos.