Desde el Grupo de Puebla, manifestamos nuestra profunda preocupación por la persecución judicial contra la vicepresidenta Argentina, Cristina Fernández de Kirchner (CFK)

A partir del año 2015 y fundamentalmente desde la asunción de Mauricio Macri como presidente en diciembre de dicho año, se abrieron más de una decena de causas judiciales contra CFK. Algunas se fueron cerrando y otras siguen en pleno proceso judicial, con diferentes estados de avance.

Hacia finales de 2019, CFK acumulaba varios procesamientos con pedidos de prisión preventiva. A partir del 2020, en varias causas se comprobó su inocencia, lo que alivió parcialmente su situación judicial.

Sin embargo, actualmente vuelve a intensificarse la persecución y el hostigamiento, dado que enfrenta instancias definitorias en la causa ‘Vialidad’. El pedido de pena que realizaron los fiscales es de 12 años de prisión e inhabilitación perpetua de CFK para cargos públicos.

El rumbo que ha tomado esta causa, muestra que, sin ningún apego a la norma, se amplía la denuncia en pleno proceso judicial o se cambian las acusaciones iniciales, negando el derecho a la defensa.

En septiembre habrá otra audiencia por la causa ‘Memorándum con Irán’; y la actual vicepresidenta tiene otras causas con trámites ante la Corte Suprema o la Cámara Federal de Casación Penal. Según el modo en que se resuelvan, pueden aliviar o agravar el panorama de la actual de CFK a un año de la definición de las candidaturas presidenciales en Argentina.

El contexto es el de una creciente judicialización de la política, correspondiente con la pérdida de independencia e imparcialidad del Poder Judicial, La gravedad de la situación ya había sido alertada en un informe de la relatoría especial sobre independencia judicial de los magistrados y abogados de Naciones Unidas, de 2019.

A este rol protagónico del aparato judicial en la política, se suma el protagonismo de medios de comunicación y redes sociales dedicados a la criminalización de CFK, mediante la espectacularización de las causas y la publicación de noticias falsas.

Desde el Grupo de Puebla hacemos un llamamiento a la comunidad internacional y a los organismos regionales e internacionales de Derechos Humanos para detener esta guerra por la vía judicial-mediática que no solo se vive en Argentina: la persecución contra Correa y la Revolución Ciudadana en Ecuador, el encarcelamiento de Lula da Silva en 2018 para impedirle llegar a elecciones, como ejemplos de la sistematicidad y permanencia del lawfare en la región, con un alto impacto en la política y la justicia social.