Los abajo firmantes, integrantes del Grupo Parlamentario Progresista Iberoamericano, manifestamos nuestra profunda preocupación por la campaña de persecución contra la diputada Betty Yañíquez Lozano, Jefa de Bancada Nacional del MAS-IPSP de la Cámara de Diputados, quien es víctima de amenazas, acoso y persecución por parte del Gobierno transitorio, por el solo hecho de haber participado de una marcha convocada por organizaciones sociales, en reclamo por las políticas del Gobierno para enfrentar la pandemia, el derecho a la educación y contra la postergación por tercera vez de las elecciones generales.
Estas amenazas derivaron en apertura de un proceso penal, iniciado por el ministro de la presidencia interino, Yerko Núñez, contra la diputada Yañíquez, el expresidente Evo Morales y el máximo dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), por los supuestos delitos de atentado contra la salud pública, instigación pública a delinquir, asociación delictuosa, apología del delito, destrucción del ornato público. Esta persecución ha adquirido además connotaciones contrarias a los derechos de las mujeres, cuando el Ministro de la Presidencia interino, de manera despectiva y prepotente señaló enfáticamente “qué hacía esta señora ahí….”. Asimismo, denunciamos que este hostigamiento continúa con el seguimiento encubierto a sus labores de diputada, obstaculizando que cumpla normalmente con sus funciones legislativas y de fiscalización.
Expresamos también nuestra solidaridad con la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia, por la campaña de desprestigio desplegada por el Gobierno transitorio, el cual obstruye sus labores legislativas y no promulga varias leyes sancionadas en esta instancia legislativa, esperadas con urgencia por el pueblo boliviano, que se debate en la lucha contra la pandemia.
Hacemos un llamado para que el Gobierno transitorio respete la independencia de poderes, garantice el derecho constitucional a la protesta social y en especial, cumpla con el Artículo 151 de la Constitución Política del Estado, que establece que las asambleístas y los asambleístas gozan de inviolabilidad por cualquier acto que realicen en el marco de sus funciones, y que no podrán ser procesados penalmente. Así también, exhortamos a las autoridades a que protejan su integridad como mujer y eviten la violencia y acoso político contra ella.
Llamamos a la comunidad internacional para que haga un seguimiento a los acontecimientos en Bolivia para que se pueda superar la crisis política y social en la que se encuentra, la política de persecución, amedrentamiento y criminalización de la protesta social, se respete el trabajo de la Asamblea Legislativa Plurinacional y se cumpla con el derecho del pueblo boliviano a contar con un Gobierno legítimo y democráticamente elegido en las elecciones generales fijadas para el 18 de octubre de 2020.
26 de Agosto de 2020
Firman:
Alejandro Sanchez, Senador, Uruguay
Ángela María Robledo, Cámara de Representantes, Colombia
Antonio Sanguino Páez, Senador, Colombia
Carlos Filizzola, Senador, Paraguay
Cristina Lustemberg, Diputada, Uruguay
Esperanza Martínez, Senadora, Paraguay
Esther Cuesta Santana, Asambleista Nacional, Ecuador
Fernando Lugo, Senador, Paraguay
Gabriela Rivadeneira, Asambleista Nacional, Ecuador
Humberto Costa, Senador, Brasil
Iván Cepeda, Senador, Colombia
Jorge Querey, Senador, Paraguay
Juan Castillo, Senador, Uruguay
Lenin Checco, Congresista, Perú
Marcela Aguiñaga, Asambleista Nacional, Ecuador
María José Pizarro, Cámara de Representantes, Colombia
Mirtha Vásquez, Congresista, Perú
Oscar Laborde, Parlamentario del Mercosur, Argentina
Pabel Muñoz, Asambleista Nacional, Ecuador
Adriana Salvatierra, Senadora, Bolivia
Alejandro Navarro, Senador, Chile
Jandira Feghali, Diputada, Brasil
Jorge Taiana, Senador, Argentina
Karina Sosa, Diputada, El Salvador
Martha Lucía Micher, Senadora, México
Rocío Silva, Congresista, Perú
Sonia Britos, Diputada, Bolivia
Tatiana Clouthier Carrillo, Senadora, México