En ocasiones parece que vivimos en una distopia absoluta, en otra dimensión en la que los monstruos y los juegos de rol son reales. Las puertas del infierno están abiertas: Se compran y venden vidas; se encierra a migrantes como criminales; se proponen limpiezas étnicas y nos quedamos impávidos ante el desastre. ¿Qué nos está pasando? Lo que creíamos seguro, inalterable o conquistado, resulta ser endeble, se difumina e, incluso, desaparece, mientras algunos, con muchísimo poder, están haciendo lo posible para que esa ficción se convierta en realidad, por distorsionada y cruel que sea.
Son cosas que dábamos por hechas en nuestra existencia cotidiana, al punto de que cuando vemos que ocurre lo contrario en lugares ajenos, pero próximos en el corazón, pensamos: “¡qué barbaridad!”. Porque aquí, en casa, tenemos la convicción de que todo ello está superado y no volverá a ocurrir nunca. No es verdad: el Monstruo se acerca y es alimentado por manos cobardes y apenas ocultas.
Está sucediendo con un colectivo especialmente vulnerable, el que componen los LGTBIQ+. Hace muchos años que en España vivimos con normalidad el matrimonio entre personas del mismo sexo. Una muestra de afecto entre dos hombres o dos mujeres no es motivo general de escándalo, o no debería serlo, y la reivindicación por la conformidad con el propio cuerpo está amparada por la ley. Tenemos en este sentido, dos herramientas legales: la Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBIQ+, y la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación.
El trabajo conjunto de la coalición de izquierda en el Gobierno ha hecho posible cimentar las garantías para quienes no veían reconocidos sus planteamientos de vida. Doy por hecho que la iglesia católica y otras confesiones y religiones se muestran en contra y siempre lo harán, pero lo que me inquieta es que, en determinados sectores políticos y de la sociedad, están apareciendo grietas que ponen en peligro los derechos tan duramente adquiridos.
Vagos y maleantes
Algunos amigos me reprochan que siempre estoy a vueltas con el franquismo, pero es necesario no olvidar, máxime en un país en el que aún no se ha reparado a las víctimas. Recuerden que, durante la dictadura, Franco y sus instituciones fueron tenaces perseguidores de lo que consideraban “anomalías”. La Ley de vagos y maleantes creada en 1933 por las Cortes de la Segunda República, que afectaba a proxenetas, vagabundos y nómadas, no se pudo derogar a causa del golpe militar franquista. Posteriormente, en 1954, fue reinterpretada para incluir a los homosexuales. En su artículo sexto decía: “Los homoxesuales [sic] sometidos a esta medida de seguridad deberán ser internados en instituciones especiales y, en todo caso, con absoluta separación de los demás”. A los condenados se les internaba en un centro de Fuerteventura sufriendo condiciones extremas y denigrantes.
En 1970, se derogó esta Ley y se sustituyó por la Ley sobre peligrosidad y rehabilitación social que afectaba a aquellos que realizaran actos de homosexualidad. Todos ellos debían ser rehabilitados: los hombres homosexuales considerados “activos”, se “reeducaban” en la prisión de Huelva, mientras que los “pasivos” eran confinados en el penal de Badajoz. A partir de ahí, empezó una dura lucha por la derogación de la Ley. Y sepan que la eliminación de esta abominable norma no tuvo lugar hasta 1979, ya en democracia. Fue entonces cuando salieron de la cárcel los últimos reclusos condenados por homosexualidad.
No ha sido nada fácil, ni jurídica ni mucho menos socialmente, hacer entender que cada cual tiene su propia sexualidad y que nadie es más “normal” ni menos digno que el de enfrente.
Hay mucha frustración, mucha impotencia y mucho dolor en la trayectoria de tantos miles de españoles y de españolas que han sufrido este calvario de no poder ser quienes eran.
Malas noticias
Todo esto me viene a la mente por las últimas malas noticias que vamos conociendo en este ámbito. Fíjense en esta información del 31 de enero publicada en El País: “La alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid (oriunda de la ciudad malagueña, 51 años), nunca había recibido tanto odio como el que sufrió tras denunciar a los promotores de una fiesta homófoba en su ciudad. “Jamás, hasta ahora, había sido atacada por mi apoyo a la comunidad LGTBI”, detalla la política del PP. A la corregidora la avisaron de que, en los anuncios de tal evento, se vetaba “la entrada a maricones”. Margarita del Cid informó a la asesoría jurídica del consistorio ante un posible delito de odio y lo hizo público en redes: “no íbamos a callarnos”, dijo. Debo subrayar que su partido la arropó como tiene que ser, acorde con la opinión de la alcaldesa de que “Hay que ser contundente en la defensa del colectivo LGTBI”.
Me queda la duda de qué ocurriría si esta situación se hubiera dado o se pueda dar en la Comunidad de Madrid. ¿Sería su presidenta tan efectiva y rechazaría la discriminación con igual energía? Vistas las amistades peligrosas de las que hace ostentación y emula (Milei, Trump) lo dudo, sobre todo porque bajo su mandato, de la mano de Vox, se intentó promulgar la primera ley de la democracia de recortes de derechos LGTBIQ+ que obligó al Tribunal Constitucional a tomar cartas en el asunto suspendiendo, entre otros extremos, la excepción que la región hacía en torno a la prohibición absoluta de las terapias de conversión al permitir el asesoramiento psicológico o la evaluación psiquiátrica.
Inasequible al desaliento, en octubre de 2024, la lideresa popular volvía a presentar una ley reformada afectando a los requisitos exigidos para que los menores puedan acceder a la hormonación, a las garantías en el uso de vestuarios o a la capacidad de los colectivos LGTBIQ+ de actuar en defensa de sus derechos. En Madrid, la fiesta del Orgullo Gay 2024 se tornó en una manifestación reivindicativa contra tal intento de opresión de la inquilina de la Puerta del Sol y también contra el alcalde de la ciudad, que ha ido haciendo lo posible para descafeinar la conmemoración.
La tónica en este sentido es general en aquellas comunidades en que el PP dependía de Vox para su gobierno y decisiones. La ultraderecha, aunque ya no gobiernen juntos por razones coyunturales, marca el camino de manera firme al PP, quiero pensar que para bochorno de muchos de sus militantes y también de sus dirigentes. Porque no se puede creer que dentro del partido de la oposición y de sus electores no hayan sentido auténtico horror ante casos como el del asesinato de Samuel Loiz, el joven al que dieron caza y asesinaron cuatro individuos al grito de “maricón”. O que les dé igual que, con el mismo apelativo, dos hombres apalearan a finales de enero en Alcalá de Henares a una mujer trans. Verán, el odio que transmite la ultraderecha desde las redes sociales, que alienta en ocasiones iniciativas parlamentarias, se traduce en actos de hostilidad y esos actos tienen consecuencias.
Vuelta al inicio
Pretenden volver con la ficha al punto de partida, al de la represión fascista del régimen que se instauró en España en 1939 mediante un golpe militar que derrocó el gobierno democrático. Lo quieren así en múltiples asuntos, pero es este uno de los más sensibles, debido a la indefensión de sus víctimas.
Escribo estas líneas mientras en Argentina la ciudadanía, de forma multitudinaria, se ha enfrentado contra las iniciativas de otro presidente, Javier Milei, en una Marcha Federal del Orgullo Antifascista y Antirracista. Milei no solo ha borrado las políticas feministas instauradas, también, en largos años de lucha, sino que ha desmantelado todas las instituciones relacionadas con política de género y diversidad vaciando los presupuestos relativos a la igualdad. El mandatario ha atacado a fondo sobre las personas LGTBIQ: “La ideología de género constituye lisa y llanamente abuso infantil. Son pedófilos”, ha asegurado y no le ha temblado la voz. Como tampoco en el ataque contra la memoria, las instituciones relacionadas con los Derechos Humanos, la OMS, o la defensa de los genocidas.
Me han oído decir que una nación democrática como España no puede levantar la guardia. Y hoy menos que nunca, cuando en la presidencia de Estados Unidos se ha instalado un presidente como Donald Trump, cada vez más fundamentalista, arremetiendo con el ariete de las Órdenes Ejecutivas que firma lo mismo en un estadio que en el despacho oval, con las que ataca a los migrantes, los convierte en criminales, extorsiona a otros países, sanciona a la CPI, pretende hacer limpieza étnica en Gaza, con la aquiescencia del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, ahondando en el genocidio preexistente contra el pueblo palestino. Y se alza, además, contra los colectivos LGTBIQ+, ordenando la reasignación de solo dos sexos, masculino y femenino, negando la existencia de las personas trans y no binarias, pasándose por el arco de su triunfo la opinión de las autoridades científicas.
Proteger la igualdad
Recojo aquí algunos datos publicados en El País, sobre esta orden ejecutiva reciente bajo el epígrafe Defensa de las mujeres ante el extremismo de la ideología de género y restaurando la verdad biológica en el Gobierno federal. Se establece como política oficial de Estados Unidos el binarismo: “lo masculino y lo femenino”. “Estos sexos no son intercambiables y están fundamentados en una realidad fundamental e incontrovertible”, advierte el texto.
También describe la autodeterminación de género como una “afirmación falsa” que debe ser suprimida de todas las políticas federales. Trump ha ordenado eliminar la presencia de trans en el ejército y ha prohibido los tratamientos de cambio de sexo y cirugías de transición de género a los menores de 19 años. La cantante Madonna salió en defensa del colectivo: “Es muy triste ver a nuestro nuevo Gobierno desmantelando lentamente todas las libertades por las que hemos estado luchando y ganando a lo largo de los años”, publicó la artista en su cuenta de X. Agregó un mensaje de resistencia: “¡No abandonen la lucha!”
O con la Orden ejecutiva de fecha 5/2/25, que prohíbe la participación de atletas trans en las ligas escolares y universitarias negando fondos federales a los centros que lo permitan; y prohibición de visados a los atletas trans que concurran a las olimpiadas de Los Ángeles de 2028, lo que impedirá a estos deportistas entrar en EE.UU. para “no ofender a las mujeres”.
En 2018, yo reflexionaba en estas mismas páginas: “Cuando se trata de la conquista y consolidación de los derechos humanos, no caben retrocesos legislativos. (…) Ningún responsable político o institucional dispone del derecho de restringir el goce y disfrute de los derechos fundamentales. (…) El derecho a la igualdad sólo se protege con su progresiva expansión para que otorgue más protección a quienes han carecido de ella previamente”. Parece mentira que, siete años más tarde, me vea obligado a alertar de nuevo sobre una situación que, me temo, se agrava exponencialmente.
La ultraderecha nos conduce con sus bulos y sus artimañas a contemplarnos en un espejo deformado, para enseñarnos la imagen que quieren que veamos, la de un mundo que están conformando Trump y sus millonarios extremos, dueños de las tecnológicas de la información (sin ir más lejos, Google ha anulado sus políticas de inclusión y diversidad sexual). Es un mundo en el que los supremacistas desdeñan al que no consideran útil acercándose peligrosamente al nazismo. Lo que estamos viviendo no son sino reflejos, destellos, percepciones intermitentes que casi se transforman en certezas, de ese universo depravado y peligroso en el que pretenden engullirnos.