Por Camilo Lagos
Economista, chileno, presidente del Partido Progresista de Chile (PRO) y fundador del Grupo de Puebla.
Era el año 2015 y Marco Enríquez-Ominami ya había enfrentado dos campañas presidenciales. En la primera de 2009, quebró desde dentro a la Concertación de Partidos -coalición de centroizquierda que por décadas administraba el modelo neoliberal heredado de la dictadura cívico-militar de Pinochet- para instalar en la agenda de la izquierda temas progresistas: educación pública y gratuita, Asamblea Constituyente y nueva Constitución, reforma del sistema binominal electoral y ley de aborto, entre otros. En esa campaña Marco alcanzó el 20% de los votos, y Sebastián Piñeralo suficiente para ganar luego en segunda vuelta.
Su segunda campaña -de 2013- fue menos significativa en lo matemático, alcanzaría el 11% de los votos, pero más significativa en su proyección presidencial. Esto, porque su segundo puesto tras Michelle Bachelet, lo dejó en la pole position para enfrentar las elecciones de 2017. De este modo, el año 2015 empezaba con un Marco Enríquez-Ominami encumbrado en las encuestas. La más respetada -por entonces- la del Centro de Estudios Públicos (CEP), lo describía en popularidad, por encima, incluso, de Bachelet, mientras, al representante de la derecha chilena, de nuevo Sebastián Piñera (que buscaba la reelección), aparecía relegado en el lugar 12.Pero a Piñera le bastaron 18 meses para desbancar a Marco y convertirse de nuevo, y hasta el día de hoy, en presidente de Chile ¿Cómo ocurrió todo?
Con la alineación de dos dimensiones del poder: la del poder judicial a través de ciertos fiscales del Ministerio Público, y de la publicidad de los grandes medios de comunicación de las filtraciones desde fiscalía que, en medio de la campaña, terminaron por minar la ventaja del candidato progresista. Entre ambos construyeron, a partir de los desórdenes administrativos propios de cualquier campaña, “verdades periodísticas”,que publicitaron a lo largo de esos años electorales.
Desde 2015 -dos años antes de las elecciones presidenciales- varios fiscales persiguieron a Marco. Uno de ellos (Emiliano Arias), fue acusado de corrupción por uno de sus colegas y luego formalizado, tuvo que reconocer a regañadientes el haber recibido invitaciones para ser parte del Gobierno de Piñera, otro fiscal, Pablo Gómez, esposo de la exministra de Justicia de Piñera, durante su primer gobierno,Patricia Pérez, y actual candidata de Piñera a la Corte Sudamericana de Derechos Humanos, hoy trabaja como asesor judicial del Gobierno de Piñera. Finalmente, la fiscal Ximena Chong, quién, por hechos similares a los que persigue a Marco, desestimó investigaciones con varios candidatos -entre ellos, los de la propia Presidenta Bachelet-, por considerarlos estos no delitos sino que desordenes administrativos de las campañas, y sobre todo, fuera de las responsabilidades de los y las candidatos.
En este punto podemos ejemplificar la forma en que funcionó la alineación de prensa y poder judicial. La Fiscal Chong acusó a Enríquez Ominami de haber recibido aportes de OAS, lo que habría quedado demostrado por el uso de un avión de esa empresa, para el traslado del candidato, sin embargo y durante ese mismo período, la candidata de la derecha (en la campaña de 2013) e hija de uno de los Generales de la Junta de Gobierno de Pinochet, también usó un avión privado, pero en ese caso para la fiscal, no había interés judicial.
Sin embargo, el “caso del avión de Marco” acaparódurante semanas -en medio de la campaña- las portadas de los diarios, y los programas de noticias hicieron sobre el caso reportajes con música de suspenso y cámaras ocultas. El Canal 13, uno de los más importantes en Chile y propiedad de uno de sus banqueros más poderosos, por ejemplo,envió periodistas a Brasil para “lograr grabar y mostrar en exclusiva” un avión que había sido parte de la franja televisiva presidencial. El año 2019 la fiscal Chong terminó concluyendo que el uso del avión no era constitutivo de delito, sin embargo, Piñera para entonces ya estaba en La Moneda y el editor de Canal 13, Christian Rendic, trabajando en cargos directivos en su Secretaria de Comunicaciones.
COPESA utilizó “fuentes ocultas interesadas” para armar noticias, pero El Mercurio -ambos medios propiedad de la derecha conservadora chilena-, fue más allá de las filtraciones y empezó a usar la figura retórica del”podría ocurrir que…“, para sacar en sus portadas notas que decían, por ejemplo, a propósito de uno de los viajes de Marco: “Podría ocurrir que Enríquez-Ominami sea arrestado al momento de pisar Chile”. Instalando con ello en la opinión pública, no solamente la idea de la culpabilidad, sino que ahora, además, la de fugitivo.
En Definitiva, el caso de Lawfare en Chile, que ha usado a Marco Enríquez-Ominami como chivo expiatorio de la corruptela de las élites, demuestra que se persigue, no solamente a quienes tienen el poder y promueven los cambios, sino que también a quienes representan la esperanza de los cambios.
Fuente: Nodal