El próximo 13 de abril se enfrentan en Ecuador dos modelos políticos: el de la denominada “Década ganada” (2007-2017), representado por Luisa González, y el de la cuasi “Década perdida” (2017-2024) representado por Daniel Noboa y quienes le han precedido en ese tiempo al frente de la presidencia de la República.
El Gobierno del ex presidente, Rafael Correa, entre 2007 y 2017 modernizó el Ecuador y elevó todos sus indicadores de desarrollo a máximos históricos. Algunos ejemplos son los indicadores educativos del país, los logros en sanidad, las infraestructuras desarrolladas, o los niveles de seguridad del país, una verdadera independencia judicial y de defensa de los derechos ciudadanos. Dicho gobierno promulgó también una de las constituciones más avanzadas del mundo, otorgando derechos a la Madre Naturaleza y al Buen Vivir.
Sin embargo, entre 2017 y 2024 el país experimentó una destrucción sin precedentes en la región, que aterra por sus resultados en contra de los más vulnerables y de la ciudadanía en general.
La decadencia
Desde 2017 no sólo se dilapidó todo el legado de la década anterior, sino que además se produjo una verdadera decadencia en valores democráticos consolidados y se desplegó una persecución cainita. La llegada de Lenin Moreno a la presidencia del país, supuso, una evidente regresión a épocas ya olvidadas en el país.
La única obstinación de Moreno fue impedir que Rafael Correa pudiera regresar al poder en Ecuador. Para ello, se estructuró toda una arquitectura institucional consistente en la apertura de causas judiciales infinitas, sin sustento alguno para asfixiar a la Revolución Ciudadana y a sus líderes o representantes, principalmente Rafael Correa y Jorge Glas, pero también a otros como Paola Pabón, Virgilio Hernández o líderes indígenas como Leónidas Iza, entre otros. Un esquema persecutorio que continuó con la presidencia de Guillermo Lasso y hasta la actualidad, con Daniel Noboa.
Plan persecutorio
En 2018, con la llegada de Lenin Moreno al poder, se articuló a través de un cuestionable referéndum y consulta popular, la creación de un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, pero “Transitorio”. En la presidencia del Consejo Transitorio se situó a Julio César Trujillo, quien comparecía recurrentemente en los medios afirmando que su objetivo era acabar con el “correísmo”, enviando a prisión a todos aquellos que habían estado vinculados a la anterior administración.
El Consejo Transitorio removió de su puesto y designó discrecionalmente a múltiples autoridades, por ejemplo, del poder judicial, con el nombramiento de jueces temporales. Entre esas autoridades, destaca el nombramiento como Fiscal General del Estado de Diana Salazar, designación que se realizó contra las incuestionables evidencias de no haber conseguido (ni de lejos) las mejores puntuaciones para su designación. Sin embargo, la señora Diana Salazar ha sido y es la figura clave en todos y cada uno de los procesos abiertos contra aquellos líderes. Un Lawfare en estado puro se ha empoderado en el Ecuador desde las más altas esferas de la justicia y la política hasta los últimos escalones, en perjuicio de la ciudadanía.
La dinámica de esta cruenta persecución siempre ha sido la misma. Un medio de comunicación lanzaba una noticia acusadora sin fundamento. La fiscal, Diana Salazar, abría una investigación. Y el poder judicial fruto del Consejo Transitorio procedía a condenar en todo caso, con absoluto desprecio a la verdad procesal.
Arquitectura de persecución
Frente a esta arquitectura de persecución se erigió el mismísimo Relator de la ONU para la Independencia de Magistrados y Abogados, Diego García Sayán, que remitió a Ecuador reiterados y contundentes llamamientos urgentes en los que alertaba que se estaba colonizando el poder judicial desde el poder ejecutivo, con el temor de que se estuviera estableciendo una estructura de persecución judicial contra la oposición.
Fueron muchos los casos de persecución política, pero, entre todos, destaca el conocido como Caso Sobornos (2012-2016), que condenó a varias autoridades de la Revolución Ciudadana, entre las que destacan el ex presidente, Rafael Correa, y el ex vicepresidente, Jorge Glas. Con esta sentencia exprés se impidió que Correa pudiera concurrir a las elecciones y se descabezó de forma ilegal a la Revolución Ciudadana. La condena se basó en el testimonio de dos personas que llegaron a acuerdos con la Fiscalía y se negaron a responder a las defensas, y en un cuaderno contable con anotaciones falsas, escrito con fechas manipuladas y sin peritaje grafoquímico. Sorprendentemente, la sentencia fue justificada alegando, por primera vez en la historia del derecho penal, que Rafael Correa y Jorge Glas ejercieron un “influjo psíquico” sobre otras personas para inducirlas a delinquir. Esto, aunque suene a broma, es cierto.
Nuevamente el Relator de la ONU para la Independencia de Magistrados y Abogados intervino, librando nuevos llamamientos urgentes a Ecuador en relación a este caso. Como los anteriores cayeron en saco roto.
El resultado de esa sentencia fue la expedición de órdenes internacionales de detención contra Rafael Correa, entre otros. INTERPOL las rechazó al considerar que existían motivaciones políticas. De hecho, los miembros de la Revolución Ciudadana que se encuentran fuera de Ecuador han recibido protección como asilados, en países como Canadá, Bélgica y México, al entender estos países que sufren una persecución política.
Procesos judiciales arbitrarios
Es necesario que estos datos se conozcan porque demuestran la persecución política que se ha desarrollado en Ecuador. En este sentido, merece especial referencia el ex vicepresidente, Jorge Glas, que viene sufriendo una serie de procesos judiciales arbitrarios en los cuales no ha dispuesto de las mínimas garantías procesales que corresponden a todo ciudadano.
Lo más grave del caso fue la violación del asilo diplomático concedido por México: el presidente Daniel Noboa ordenó el ingreso ilegal de la policía ecuatoriana a la embajada mexicana en Quito, vulnerando su inmunidad y secuestrando con violencia al exvicepresidente, quien fue trasladado a una prisión de máxima seguridad. Allí ha enfrentado condiciones inhumanas, intentó suicidarse y su vida corre peligro. La CIDH amplió este año las medidas cautelares, solicitando su traslado a un hospital y su salida de «La Roca», pero el gobierno ecuatoriano se ha negado a acatar la resolución.
Este desprecio por las normas internas e internacionales es propio de unos gobernantes indignos de representar a los ciudadanos y ciudadanas ecuatorianos. Ecuador es ahora un país con una terrible crisis energética que ha conllevado apagones constantes y reiterados. Una gravísima crisis de seguridad, siendo uno de los países más peligrosos de la región. Una crisis humanitaria agravada, que se representa claramente con la desaparición y asesinato de los menores de Guayaquil. Una crisis constitucional sin precedentes, permitiéndose que Daniel Noboa sea candidato, y a la vez presidente, mientras que se impide que la vicepresidenta, Verónica Abad, asuma la presidencia, como ordena la ley.
En definitiva, el 13 de abril se enfrentan dos modelos, el que representa Daniel Noboa, hijo de la oligarquía bananera que ha dejado un país en cenizas, y el modelo de la “Revolución Ciudadana”, a través de la candidata Luisa González, que busca rescatar al Ecuador de la enorme crisis estructural en la que, políticos irresponsables y sin escrúpulos han sumido al pueblo ecuatoriano. Es la hora de la esperanza.
Fuente: Latinoamerica21