Nunca pensé que llegaría a escribir tan profusamente sobre la justicia; durante mucho tiempo he creído que era un eslabón fundamental en nuestras vidas y en la democracia. Me duelen las injusticias y desprecio a quienes las cometen a conciencia y de una forma reiterada. León Felipe, condenado al exilio –como cientos de miles españoles de bien– tras el golpe de Estado y la guerra de 1936/1939, en un durísimo poema (ya no hay locos) magistralmente convertido en canto por Paco Ibáñez, se quejaba de que en España ya no quedaban locos, y se preguntaba: “¿Cuándo se pierde el juicio? Yo pregunto ¿cuándo se pierde?, ¿cuándo?” Se contestaba a sí mismo, como yo lo hago:
“Si no es ahora, que la justicia vale menos que el orín de los perros”.
Realmente hay demasiada gente que ha perdido el juicio y contribuye a que lo pierdan personas normales y corrientes con la manipulación, los bulos y las mentiras elevadas a la máxima categoría, de tal modo que la sensación de hastío y melancolía es cada vez más palpable.
Resulta insoportable por brutal, absurdo y escandaloso el acoso y derribo que están sufriendo el Fiscal General del Estado y otros dos fiscales mediante su señalamiento arbitrario como presuntos responsables de hechos delictivos. Unos hechos solo existentes en la mente de quienes están generando una espiral judicial incomprensible desde un punto de vista técnico jurídico y fáctico, a través de una interpretación extensiva de preceptos penales que no aplican al caso. Y es tan insoportable como insufrible resulta el conjunto de corifeos que acompañan este aquelarre judicial que vivimos día a día, en los últimos tiempos.
El juego sucio de algunos medios de comunicación y partidos políticos aliados con cierto segmento de fiscales de sala (13 en concreto) para acabar con el FGE es, hoy por hoy, cierto y evidente. Los primeros argumentan que defienden la democracia y la libertad (conceptos que masacran y banalizan) de los ataques gubernamentales ‘sanchistas’. Los segundos utilizan ese orfeón mediático cuyo tono aumenta y crece en función de los intereses corporativos pertinentes. Mientras que los últimos, por sí o en comunión con las asociaciones profesionales conservadoras respectivas, “hacen su agosto” interno so pretexto de afirmar que la no dimisión de aquel socava la credibilidad de la carrera fiscal y su papel institucional. Los tres planteamientos y argumentaciones, además de falsos, son mezquinos.
Un conjunto de ficales pertenecientes a la cúpula de esta institución, sin expresar que lo hacen a título personal, han firmado hace pocos días una misiva que, objetiva y subjetivamente, denigra a la carrera Fiscal quebrantando las reglas más elementales de la ética profesional y el respeto que se merece la Fiscalía General y la figura de quien está a su frente y del que jerárquicamente dependen los aproximadamente 2762 profesionales que integran esta carrera (a fecha 29 de octubre de 2024).
¿Qué aportan?
Con esta acción, similar a la que algunos de ellos emprendieron con ocasión de la Ley de Amnistía, saliendo a manifestarse togados a las puertas de los órganos judiciales o con otros pronunciamientos o exponiendo notas de descontento similares, han quedado identificados como meros pseudo activistas políticos sin otros intereses que los propios (en muchos casos frustrados por la falta de obtención de puestos y nombramientos).
Si analizáramos las trayectorias de estos funcionarios y funcionarias, el denominador común sería la ausencia de entendimiento de lo que debe ser el servicio público de la Justicia que impone la dedicación a la sociedad y a la defensa de la legalidad y no al alboroto fatuo y al albur de compromisos políticos de turno o a la obtención de poder al que creen que tienen derecho.
En este sentido, sería muy interesante profundizar sobre las aportaciones reales de tales actores a la vida democrática española desde la administración de justicia. Lo que hacen o han hecho entre bambalinas en años y trayectorias. Quizás, si la transparencia fuera más amplia y el conocimiento mayor, nos sorprenderíamos del nulo aporte de algunos y algunas.
El colectivo que presta sus servicios en la administración de justicia, y, especialmente, jueces y fiscales, debería saber que, frente a una investigación penal, por lo demás atrabiliaria y arbitraria, no se deben cuestionar los mecanismos de defensa ni la estrategia que cada uno tenga cuando se ve señalado por el dedo inquisitivo de aquella. Desde luego no he visto ninguna carta que hayan suscrito ante hechos más graves que pueda ser el de referencia de pedir la dimisión del Fiscal General del Estado.
Deberían saber lo que dice el código penal respecto de la conducta que se imputa y su falta de aplicación al caso (¡ojo!, el Ministerio Fiscal no acusa en el procedimiento penal de referencia); lo que son las garantías en una instrucción penal, por demás inquisitiva; la necesaria e incuestionable imparcialidad del instructor; la proporcionalidad que debe existir en aquella (ausente en este caso); la prohibición de actuaciones prospectivas y de predeterminación de responsabilidades subjetivas, así como la obligación, entre otras, de incluir tanto lo desfavorable como lo favorable a los investigados. Es decir, garantizar la igualdad de armas a las partes en el proceso penal.
Algunos, cuyo mayor “éxito” ha sido participar en la acusación pública en el llamado procès, a pesar de haber sido vapuleados en la propia sentencia pronunciada por el supremo tribunal (y que, previsiblemente, lo serán más conforme otras instancias se pronuncien) viven de los oropeles de ese procedimiento, de los premios que les dan los que opinan o se alinean ideológicamente con ellos o, en su caso, de las conferencias, pagadas o no, a cuenta de ese segmento ultranacionalista español que desea que España sea “una, grande y libre”.
O aquellas personas que habiendo ostentado, pro tempore, la máxima responsabilidad del Ministerio Fiscal, no hicieron más que ocupar el cargo, permaneciendo pasivas ante los retos que la sociedad tuvo que afrontar en su momento, ya se receran al propio fortalecimiento institucional del Ministerio Público, a combatir los fondos buitres y no solo a explicitar su animadversión al partido que gobernó Andalucía por muchos años o a la aplicación de la jurisdicción universal o a la propia defensa de las víctimas.
Resistir
¿Qué pretenden esos llamados fiscales “garantes” de una dignidad ofendida, con estas acciones y actitudes que solo buscan notoriedad y alinearse con la derecha y extrema derecha política, bajo la excusa de que dependen la honorabilidad de una carrera que ellos mismos mancillan día a día?
¿Qué pretenden algunos componentes del ámbito de la Justicia que, con acciones como las descritas –entre otras–, han denigrado a las víctimas o han extendido el concepto de terrorismo como si fuera goma de mascar, convirtiendo a unos guiñoles en terroristas perversos?
Triste pena de quienes no ven que la actitud de su máximo responsable permaneciendo en su puesto es una acción honorable y necesaria que combate el lawfare que nos ha invadido definitivamente y que, con tal decisión, actúa en defensa de la institución ante quienes desde el primer momento y por todos los medios están bombardeando y pretenden, como único objetivo, favorecer a un partido político que después les premie los servicios prestados. ¡Porca miseria!
En este momento me viene a la memoria la figura del que fue el último Fiscal General de la República, Francisco Javier Elola, quien fue sometido a un juicio el 13 marzo 1939, condenado a la pena de muerte por adhesión a la rebelión y ejecutado el 12 de mayo del mismo año por una justicia fascista.
Elola alertaba sobre el peligro del corporativismo judicial, incluso como enemigo político de la República y la democracia, del riesgo de una oligarquía judicial, del conservadurismo de los jueces, tildando a muchos de ellos de retrógrados y cabalísticos y algunas veces arbitrarios, pero su recuerdo no consta en placa alguna de los palacios de justicia o cscalías, y solo ha sido reivindicado recientemente en la obra colectiva En Memoria de Francisco Javier Elola (Tirant Lo Blanch. 2023).
Quizás alguna vez, y en algún momento, seamos capaces de ser valientes y enfrentarnos a quienes denigran la convivencia democrática con mecanismos torticeros y abandonemos la indiferencia que tantas veces nos ha llevado al desastre. Es tiempo de reaccionar, de salir a las calles y reivindicar los buenos valores de una democracia que debemos defender de quienes –con sus acciones– solo aspiran a acabar con ella, prescindiendo de los disfraces con los que otras veces actuaron.
Por eso, señor Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, como ciudadano de a pie, como juez que creyó en la justicia, usted tiene la obligación de resistir por el bien de la institución y de la credibilidad de una justicia democrática y, con ello, aunque el cuerpo le pida renunciar, demostrar que la presión sostenida para que abandone no puede triunfar una vez más. Defienda la institución y hágalo para que la referencia que León Felipe hace al “orín de los perros” (con el mayor respeto a estos últimos a quienes este articulista ama como seres excepcionalmente leales) no sea de aplicación, al menos por una vez, a la Justicia española.