10 de Diciembre de 2019
Al Presidente de la República de Chile, Señor Sebastián Piñera Echeñique.
Al Presidente de la Corte Suprema de Justicia República de Chile, Señor Haroldo Brito Cruz.
Al Presidente del Senado de la República de Chile, Señor Jaime Quintana Leal.
Al Presidente de la Cámara de Diputados de Chile, Señor Iván Flores García.
Las personas abajo firmantes, miembros del Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia, consejo asesor del Grupo de Puebla, en adelante CLAJUD, nos dirigimos respetuosamente a las autoridades de la República de Chile, para poner de manifiesto nuestra profunda preocupación ante las situaciones que revisten carácter de violaciones a los Derechos Humanos, en el marco de las manifestaciones ciudadanas que han sucedido en Chile desde el 18 de Octubre recién pasado, como lo ilustran informes de organizaciones internacionales de reconocido prestigio en esta área.
La Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), que esta ratificada por la República de Chile, le impone el carácter obligatorio en la observancia y respeto de los derechos fundamentales.
Desde el CLAJUD, reconocemos y valoramos las manifestaciones pacíficas que el pueblo de Chile ha llevado a cabo desde ya casi dos meses, consideramos que obedecen al legítimo e inalienable derecho de los pueblos a manifestar su descontento y ánimo de reforma, en especial como se puede observar en Chile movido por la voluntad de lograr mayores estándares de seguridad social y mayor igualdad en muchos aspectos socioeconómicos del país. Junto con condenar los hechos de violencia injustificados, vengan de donde vengan, en este escenario social creemos que es fundamental observar -por la comunidad jurídica internacional- las situaciones que pueden poner en riesgo los derechos esenciales de la persona humana.
De acuerdo a lo conocido públicamente, en especial por los antecedentes recabados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en base a denuncias e informaciones, observadas, investigadas y constatadas, representan hechos de tal gravedad que motivaron la instalación de un mecanismo de seguimiento específico en Chile. Estas acciones resultan principalmente de situaciones de uso abusivo de la fuerza, en particular por la policía nacional (Carabineros de Chile).
Es inaceptable, que por el uso de escopetas antidisturbios por parte de funcionarios del Estado de Chile se tengan que lamentar al día de hoy más de tres centenares de personas con pérdida de visión (parcial y total), siendo en su mayoría hombres y mujeres jóvenes.
Además, se han podido observar otros tipos de lesiones causadas por el disparo a mansalva de cartuchos de gases lacrimógenos.
Son igualmente inaceptables las golpizas, la desatención de manifestantes heridos, lesiones a personal de observación de organismos de DDHH, allanamientos ilegales, ataques a puestos de atención médica y diversos casos de apremios ilegales.
Debido a las anteriores circunstancias queremos plantear respetuosamente algunos puntos centrales:
- Demandamos objetivar las facultades de detención de los ciudadanos:Según datos oficiales, los carabineros detuvieron a más de 15.000 personas entre el 18 de octubre y el 19 de noviembre, y “retuvieron” a otras 2.000 por incumplir el toque de queda durante el estado de emergencia.Nos preocupa la aplicación masiva de criterios jurídicos amplios y poco precisos, contrarios al articulado de la Convención Americana (Art. 7 y ccodts) que la legislación chilena contempla para la detención. Así, el artículo 12 de la Ley 20.931 permite la retención de una hora para efectos del control de identidad y hasta por 8 horas si hay indicios de haber incurrido en un ilícito o saber de un antecedente similar (Artículo 85 código Procesal Penal).
- Exigimos celeridad y máxima rigurosidad en las investigaciones en desarrollo, producto de denuncias de Maltratos, Abusos y Torturas a propósito de las detenciones durante este periodo:El Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile ha informado la presentación de más de 400 querellas por estas causas al Ministerio Público Nacional.Creemos que estas acciones representan la esencia de la protección que toda democracia debe resguardar y garantizar.
- Exigimos celeridad y máxima rigurosidad en las investigaciones que están motivadas por fallecimientos de personas productos de hechos de violencia o relacionado con ellos, en el marco de esta situación social.
- Instamos a las autoridades de la República de Chile a velar con la máxima rigurosidad por los Derechos del Niño, considerando que existen antecedentes entregados a la comunidad internacional que acreditan vulneración a manifestantes menores de edad en especial a escolares por parte de la fuerza pública de Chile.
- De la misma forma, creemos necesario recalcar la necesaria rigurosidad en todos los protocolos y acciones de policía en torno a observar, denunciar y sancionar todo atropello a los derechos de la mujeres, repudiamos firmemente aquellos hechos denunciados como abusos sexuales, exigiendo su esclarecimiento a la brevedad posible, sancionando en el marco jurídico nacional a los responsables.
- Instamos a tomar las medidas necesarias para no forzar a los ciudadanos que ejercen labor policial en los cuerpos de la policía nacional, en cuanto a jornadas de trabajo alejadas del respeto de sus derechos laborales y humanos.Demandamos la máxima capacitación en protocolos de uso razonable de la fuerza y de respeto a los Derechos Humanos de estos funcionarios.
- Demandamos el respeto pleno a los derechos de libertad de expresión y reunión previstos en los artículos 13 y 15 de la CADH.
Para el CLAJUD es valioso reconocer la discusión política que está ocurriendo en el país en torno al proceso de bases de una nueva constitución para Chile. Respetamos firmemente el proceso de autodeterminación de los pueblos, confiamos en que Chile logrará un acuerdo sustancial para recoger las inquietudes de todos los sectores, en este plano hacemos votos por la máxima representación de la diversidad del país, mujeres, pueblos originarios e independientes que son parte esencial de este proceso.
Sin otro particular, y de manera respetuosa, solicitamos a las autoridades nacionales los máximos esfuerzos por garantizar a todas y todos los habitantes de Chile, el respeto y protección de los derechos fundamentales, de manera especial el derecho a la vida (Artículo 4 de la convención), a la integridad física y a no sufrir torturas o tratos inhumanos o degradantes (Artículo 5 de la convención) y a la libertad personal sin detenciones arbitrarias (Artículo 7 de la convención), así como la obligación de investigar y castigar las violaciones de derechos humanos protegiendo los mismos (Artículo 1) tanto como corrigiendo las legislaciones incompatibles (Artículo 2).
Esperamos que en esta etapa, en la vida del país, se mantenga y respete la voluntad y vocación democrática, y que las soluciones que soberanamente tome el pueblo de Chile sean siempre protegiendo los derechos humanos y fortaleciendo la participación.
Las autoridades deben concurrir, desde sus respectivos roles, para canalizar las demandas ciudadanas pensando en el bienestar colectivo y respetando el Derecho Nacional e Internacional.
Esperamos, y estaremos atentos como comunidad internacional, para que en Chile ninguna arbitrariedad quede impune.
Sin otro particular, los saludamos,
Adoración GUAMÁN HERNÁNDEZ
Baltasar GARZÓN REAL
Damián MIGUEL LORETI
Harold CORREA
Caroline PRONER
Elizabeth GÓMEZ ALCORTA
Emilio CAMACHO PAREDES
Enrique SANTIAGO
Gisele RICOBOM
Gisele Guimaraes CITTADINO
Juarez TAVARES
Carlos TOMADA
Jorge TAIANA
Juan Martín MENA
Larissa RAMINA
María José FARIÑAS DULCE
Oswaldo RUIZ CHIRIBOGA
Pedro Estevan Alves PINTO SERRANO
Roberto Manuel CARLÉS