Hermano: ¡Bolívar vive!”. Este saludo de un amigo tras el triunfo electoral de Alberto Fernández y Cristina Fernández en Argentina, me hizo reflexionar sobre la conflictividad social generalizada de Latinoamérica. El momento es decisivo: la lucha de los Derechos Humanos contra el neoliberalismo rampante que es el nombre común del totalitarismo financiero que refiere Raúl Zaffaroni. La imagen de la autoproclamada presidenta de Bolivia, Jeanine Áñez, después del golpe de Estado contra el presidente constitucional Evo Morales, entrando en la sede de Gobierno con la biblia en ristre, me asustó, como preludio permisivo del escarmiento policial causante de muertes y heridas y de la vuelta al interés de los más poderosos.
En los últimos años ese totalitarismo financiero, cuyo principal representante es el presidente Donald Trump, ha avanzado en Latinoamérica. Primero en forma larvada, mediante programas de apoyo al desarrollo y con inversiones estratégicas, y, después, de manera cruenta, dejando un balance duro de seres humanos destrozados por la violencia o la desesperación. Unas veces se logra el poder por la fuerza de las armas; otras, pervirtiendo los mecanismos democráticos del Estado con acciones calculadas de organismos de control financiero o con bloqueos criminales contra los más vulnerables. Siempre, exponiendo al pueblo a la aceptación de una dictadura o al castigo institucional de lo que se denomina “golpe blando”. Paraguay, Honduras o Brasil son casos paradigmáticos con el devenir de sus presidentes respectivos, Lugo, Zelaya, Rousseff o Lula, y sumamos ahora a Evo Morales.
En Latinoamérica, quienes han dado voz a los silenciados han pagado un alto precio: Cristina Fernández de Kirchner, Rafael Correa o los presidentes citados son buen ejemplo. Mientras, quienes buscan mantener los privilegios y controlar la economía sortean los obstáculos con la inestimable ayuda de la Administración de un “país amigo” como EE UU; de una OEA con una secretaría general cada vez más errática, o de una justicia instrumentalizada y a la medida de quienes se aprovechan de ella (lawfare). Con esta apariencia, se quitan presidentes y se instauran gobernantes totalitarios o llanamente fascistas.
América Latina se revuelve ante prácticas políticas antidemocráticas. Los chilenos responden a la dura agresión de unos administradores que han olvidado al pueblo. Los bolivianos, fieles al Gobierno constitucional, reinician la lucha por la libertad con el anuncio de nuevas elecciones y un Gobierno que mantiene la impunidad de la represión. Colombia protesta contra su presidente, quien responde con castigo y toque de queda en un país en el que cada tres días asesinan a un indígena.
Ecuador vive la represión y una persecución del adversario político utilizando a las instituciones judiciales. El 10% de sus habitantes ha abandonado Venezuela ante la descomunal crisis y el cerco económico político que sufre el Gobierno constitucional, impulsado por EE UU, la OEA o la propia Unión Europea. Lo justifican por la violación de Derechos Humanos del Ejecutivo, pero también justifican peores situaciones en países sin democracia. El presidente de Haití cesó a causa de las manifestaciones. En Honduras, la población protesta porque su mandatario haya podido recibir sobornos del narcotráfico.
En este contexto, políticos progresistas latinoamericanos tratan de revertir la situación reunidos en el denominado Grupo de Puebla. Treinta líderes de 10 países y el Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia (CLAJUD) componen el eje Buenos Aires, Montevideo, Brasil, La Paz, Ecuador, Colombia, Ciudad de México. La vinculación del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, supone un importante apoyo para empezar a esbozar unas pinceladas de izquierda en una región en que la derecha ha emborronado el lienzo. Son dos faros en el norte y en el sur latinoamericanos que iluminan los tiempos oscuros que estamos viviendo.
Se trata de retomar la idea de Bolívar de una América Latina fuerte, vigorizando las estructuras regionales, desligándolas de la acción corrosiva de Estados Unidos. Para Bolívar, los derechos fueron la razón de ser de la República, y su fundamento la independencia frente a poderes externos. El espíritu de Bolívar es ajeno a quienes traicionan a sus antiguos camaradas —que hoy se juegan la vida por la paz— y denotan la cobardía de recurrir a la lucha armada contra la humanidad.
Con el Grupo de Puebla pretendemos reforzar el marco político latinoamericano en torno al derecho, los Derechos Humanos, una economía social equilibrada, un capitalismo responsable y una redistribución equitativa que ataque a la desigualdad, fortalezca el desarrollo y proteja a los más vulnerables. En defensa del medio ambiente, de la madre tierra y de los pueblos originarios. Una América feminista que reduzca cuando no elimine la discriminación por género; que lleve por bandera la defensa de los menores, el empoderamiento de la sociedad civil y los movimientos sociales. Ese es el reto.
Baltasar Garzón es jurista y miembro del Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia.